Martes, 12 de marzo de 2024. Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, con quien reside en el centro de Madrid, defraudó a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Todo figura en la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado el pasado 5 de marzo tras recibir un informe de la Agencia Tributaria con las conclusiones de una investigación iniciada dos años antes. En las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 Hacienda había detectado movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de la presidenta de Madrid por su enriquecimiento durante la pandemia.
El informe de la Agencia Tributaria atribuye a Alberto González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.
En total, sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Fue el método utilizado para desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades.
Las sociedades investigadas, ambas 100% propiedad de la pareja de Ayuso, son Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, que se dedica en realidad a prestar servicios sanitarios, y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, una firma sin empleados del sector de cosmética y farmacia, que Alberto González Amador adquirió a finales de 2020 y que, según Hacienda, utilizó para desviar parte de los beneficios millonarios logrados durante la pandemia.
La denuncia de la Fiscalía se dirige además contra otras cuatro personas, acusadas de prestarse a emitir facturas a las empresas de Alberto González Amador. La conclusión de los servicios de inspección es que, de todos los gastos presentados, 1.748.580,63 euros corresponden a encargos simulados y actividades que no se llevaron a cabo. Albaranes de media docena de sociedades, españolas, pero también hay una mexicana y otra de Costa de Marfil que no tuvieron más función que la de servir a la pareja de Isabel Díaz Ayuso para defraudar al fisco.
Entre los acusados de estos delitos figura además un presunto empresario de origen mexicano llamado Maximiliano Eduardo Niederer González, que ejerce como nexo de dos de las compañías que emitieron facturas falsas a las empresas de Alberto González Amador: una de 620.000 euros a nombre de una firma mexicana llamada MKE Manufacturing SA fechada a finales de 2020, y otra por 922.585,63 euros que emite en 2021 la sociedad Gayani Ltd, con sede en Costa de Marfil.
El principal cliente de las empresas del novio de Isabel Díaz Ayuso a las que Hacienda y la Fiscalía imputan el delito fiscal es «Quirón Salud» que gestiona cuatro concesiones de la Comunidad de Madrid: la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el Infanta Elena y el… pic.twitter.com/qoIB6lqRM7
— AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 12, 2024
El informe de la Agencia Tributaria concluye que hubo una “intencionalidad querida y buscada por Maxwell Cremona SL [propiedad de la actual pareja de Ayuso] de solicitar y utilizar las dos facturas que claramente son falsas o falseadas con la finalidad concreta de conseguir la pretendida reducción fiscal en los ejercicios en que incrementa de forma significativa los beneficios”.
Cuando fue interrogado por el servicio de inspección de Hacienda, en abril de 2023, Niederer negó en un principio conocer la empresa MKE Manufacturing SA, pese a que en las facturas aparecía su firma y su nombre. También descartó ser su representante y haber firmado ningún contrato con las compañías de Alberto González Amador. Seis días después, el empresario mexicano envió por su cuenta un escrito a Hacienda retractándose: en esa segunda comunicación alegó que había confundido la empresa por la que le preguntaba el inspector y afirmó que sí conocía a MKE Manufacturing, aunque aseguró que si aparece su nombre en algún contrato se debe a un “error involuntario” de la empresa, dado que él sí participó como representante en otros negocios de esa sociedad.
Además, la Fiscalía también denuncia a tres ciudadanos andaluces propietarios de otra media docena de sociedades que según Hacienda también contribuyeron a simular gastos para el entramado societario de la pareja de Ayuso por decenas de miles de euros. Se trata de dos hermanos y un tercer hombre, residentes todos en el municipio sevillano de Arahal.
La investigación comenzó a raíz de las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 que reflejaban un incremento exponencial de la facturación de las empresas de la pareja de la presidenta madrileña a partir de 2020, el primer año de la pandemia. Ese ejercicio sus ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones, según sus cuentas anuales. Pese a ello, ante Hacienda declaró solo 8.400 euros de beneficio, tras anotarse gastos que no se correspondían con la realidad.
En noviembre de ese ejercicio contabilizó una factura de 620.000 euros a la citada firma mexicana MKE Manufacturing, dedicada a la importación y exportación de alimentos. Factura que luego se intentó deducir pese a tratarse de servicios que, según pudo comprobar Hacienda, no se llevaron a cabo.
Así lo llegó a reconocer el propio Alberto González Amador a la Agencia Tributaria. Cuando ya tenía la inspección abierta, y tras tratar de regularizar su situación con el fisco en julio de 2023, intentó convencer a Hacienda de que esa factura se había anulado. Lo hizo después de que el pasado agosto las autoridades mexicanas confirmaran al fisco español que allí no les constaba ninguna factura emitida por MKE a Maxwell Cremona.
En 2021, la empresa de Alberto González Amador facturó otros 1,3 millones. De ese ejercicio llamó la atención de la Agencia Tributaria la deducción de una factura de más de 900.000 euros emitida en junio de ese año para pagar supuestos encargos realizados por Gayani LTD en Costa de Marfil. La Agencia Tributaria ha concluido que también fueron trabajos simulados que tampoco se prestaron. De nuevo, cuando ya sabía que Hacienda le investigaba, y tras comprobar que los inspectores no admitían sus explicaciones, la pareja de Ayuso intentó convencer a la Agencia Tributaria de que esa factura se había anulado a posteriori.
Además de recurrir a terceros para justificar y deducirse gastos inexistentes para defraudar al fisco, la pareja de la presidenta madrileña también utilizó una empresa pantalla -“mera sociedad interpuesta” la llama la Agencia Tributaria-, que adquirió a finales de 2020. El informe de Hacienda define así el objetivo de esa operación: “Remansar fondos en favor de Alberto González Amador”. El mecanismo utilizado consistió en traspasar a esa empresa, Masterman and Whitaker, un contrato con uno de los clientes habituales al menos desde 2017 de su otra sociedad, a cambio de 600.000 euros (más IVA) en concepto de “Consultoría de Sistemas a clientes”. El problema fue doble según Hacienda: esa segunda firma, sin empleados ni infraestructura, carecía de medios para realizar los trabajos, y además el importe real facturado a ese cliente fue en realidad muy inferior, de 237.320 euros.
A ojos de la Agencia Tributaria, esa cesión “carente de sentido”, fue una “simulación” por la que esa sociedad interpuesta emitió “una factura ficticia”, por un importe estimado, que “no se corresponde con la realidad de la prestación acometida” y “sin que responda a la realidad de los servicios prestados”. El resultado, concluye la inspección de la Agencia Tributaria, es que Alberto González obtuvo una “ventaja fiscal inadmisible” para crear “de forma artificial, unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros”. Haciendo así las cuentas, la nueva empresa se anotó ese año unas pérdidas de más de 222.000 euros. Con esa factura falsa, generó un gasto deducible con el que se apuntó un crédito fiscal a futuro para poder compensarlo con una desgravación fiscal cuando empezase a declarar beneficios.
Para que exista delito fiscal, además de que la cuota defraudada supere los 120.000 euros por ejercicio (como en este caso), es necesario que exista dolo: una voluntad consciente de defraudar a Hacienda que, según la Agencia Tributaria, en el caso de Alberto González Amador es evidente, porque existe engaño u ocultación. También habría falsedad contable, porque las cuentas de Maxwell Cremona no reflejan su verdadera situación financiera, aunque la Fiscalía ha decidido no denunciar por este delito que aparece siempre asociado al fraude fiscal.
Con su investigación cerrada, la Agencia Tributaria remitió el pasado 23 de enero sus conclusiones a la Fiscalía de Madrid para que presentase denuncia en el juzgado, cosa que el ministerio público hizo el pasado 5 de marzo. En ella se pide la imputación de Alberto González Amador y de cada uno de los supuestos empresarios que contribuyeron a la facturación falsa de su sociedad. En el caso de la pareja de la presidenta de Madrid se le acusa de tres delitos, dos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental.
Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador, aunque sin precisar el momento en que había comenzado la relación. Desde hace meses la pareja convive en un piso del distrito de Chamberí, en el centro de Madrid, según ha podido comprobar elDiario.es. La vivienda, adquirida para el uso de la pareja el 27 de julio de 2022, está a nombre de Alberto González Amador. El piso tiene 183 metros cuadrados y está tasado en 837.893,61 euros, si bien el precio de mercado en la exclusiva zona donde está situado podría disparar su valor. La valoración que el portal Idealista hace de las viviendas en ese mismo edificio llega hasta 1.194.000 euros. Sobre el inmueble pesa una hipoteca de 500.000 euros a nombre del empresario.
Ni Alberto González Amador ni Isabel Díaz Ayuso han respondido a las preguntas planteadas por elDiario.es para elaborar esta información.
El fraude conlleva multas de hasta seis veces la cantidad defraudada en los casos más graves y la falsedad documental se castiga con entre seis meses y tres años de cárcel
Fraude fiscal y falsedad documental. Son los delitos que la Fiscalía de Madrid atribuye a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por haber eludido el pago de 350.951 euros a Hacienda a partir de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla. Una operación que tendría como objetivo pagar menos impuestos ante el significativo incremento de la facturación que registró una de sus empresas durante la pandemia.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público considera que González Amador cometió dos delitos fiscales previstos en el artículo 305.1 del Código Penal relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 2020 y de 2021. Ese artículo castiga con penas de uno a cinco años de cárcel a quien eluda el pago de impuestos disfrutando “indebidamente” de beneficios fiscales, como la Fiscalía sostiene que ocurrió en este caso. Para que un fraude a Hacienda se considere delito, la cuantía defraudada debe superar los 120.000 euros. Según la liquidación de la Agencia Tributaria, la cuota defraudada por la pareja de Ayuso fue de 155.000 euros en 2020 y de 195.951,41 en 2021.
El delito contra la Hacienda Pública lleva aparejado también una pena de multa, que puede ir de la mera cuantía defraudada a multiplicar por seis esa cantidad. En este caso, por tanto, podría alcanzar los dos millones de euros si se tomara como referencia la parte más alta de la horquilla.
No obstante, en algunos supuestos, cuando se considera que la multa debe ser reducida por factores como los retrasos del proceso judicial, la sanción económica de un delito fiscal puede quedarse en el mínimo y muy poco por encima de la cuota defraudada. En un caso reciente, por ejemplo, el Supremo ha condenado a los autores de una trama de facturas falsas con condenas económicas que añaden solo un 1% a la multa sobre el dinero no pagado a Hacienda precisamente porque pasó más de una década hasta que el caso fue sentenciado. En la trama Gürtel, sin embargo, la Audiencia Nacional impuso a Luis Bárcenas multas por más del doble de la cuota defraudada en impuestos cada año.
La falsedad documental en las facturas
La querella de la Fiscalía apunta a que el delito fiscal de Alberto González Amador podría haberse cometido en concurso medial con otro de falsedad documental. Porque, según los investigadores, para defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 en el Impuesto de Sociedades necesitó la elaboración de hasta 15 facturas falsas para deducirse gastos y servicios que nunca existieron.
Algunas de estas facturas son de cantidades pequeñas, no superan los 10.000 euros, pero dos de ellas suman más de millón y medio de euros entre las dos. Y el objetivo, según la Fiscalía, era deducirse gastos “indebidamente” para reducir la factura fiscal.
El artículo 392 del Código Penal al que apunta la Fiscalía en su querella impone, en solitario, penas de cárcel de entre seis meses y tres años, además de multas con cuotas de hasta 12 meses, a quien cometa en documentos públicos, oficiales o mercantiles “algunas de las falsedades” prohibidas: alterar un documento “en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial”.
Es habitual que la Justicia investigue tramas de facturas falsas para falsear declaraciones fiscales, y es igual de habitual que, en caso de considerar culpables a los acusados, se castigue el delito contra la Hacienda Pública en concurso con la falsedad documental de dichas facturas. Las condenas son menores que las que se impondrían si se condenara por ambos delitos por separado.
Uno de estos casos fue sentenciado en firme hace unos meses por el Tribunal Supremo. Los jueces estudiaron el caso de una empresa dedicada a la construcción y las reformas que entre 2006 y 2007 puso en marcha, a través de otras empresas del sector, un sistema de facturas falsas para “justificar formalmente la deducción de gastos a los que no tenía derecho y así minorar la base imponible y la cuota” del Impuesto de Sociedades y del IVA.
Dos delitos en concurso
En este caso hubo condenas de cárcel y multas tanto para los responsables de la empresa como para las otras empresas que colaboraron en la elaboración de las facturas falsas. Se condenaron ambos delitos en concurso porque la falsificación de las facturas “aparece como medio para la comisión de las defraudaciones a la Hacienda Pública”, dijo la Audiencia de Madrid y confirmó posteriormente el Supremo. Condenas firmes de dos años de prisión y multas del 101% de la cuota defraudada: más de 1,7 millones en el Impuesto de Sociedades y 784.000 euros más en el IVA de 2006.
Los delitos se atribuyen en concurso cuando uno ha sido esencial para cometer el principal. En este caso, cuando la falsificación de las facturas no puede separarse del fraude fiscal para el que, supuestamente, fueron ideadas. El resultado es que las condenas de cárcel son menores que si se hubieran sancionado por separado. Una condena más alta que la contemplada para el delito más grave de los dos pero que, en ningún caso, podrá exceder la suma teórica de los dos delitos.
Contenido bajo Licencia Creative Commons
Sea el primero en desahogarse, comentando