Lunes, 15 de abril de 2024. Durante la última semana han quedado al descubierto tres bulos con incidencia política relevante: el bulo sobre las falsas subvenciones públicas recibidas por la esposa del Presidente del Gobierno; el bulo sobre el supuesto delito de ocultación de abusos a menores por parte de Mónica Oltra; y el bulo ultraderechista sobre la incierta fiscalidad expropiadora aplicable a los perceptores del salario mínimo.
Cuando hablamos de bulos estamos hablando de la divulgación de noticias deliberadamente falsas, difundidas con la intención de desinformar, al servicio de intereses políticos, económicos y mediáticos concretos y espurios.
Desde hace demasiado tiempo, los bulos en la política española no son anécdotas esporádicas, sino una constante evidente. No responden a un exceso puntual por parte de secundarios meritorios, sino que forman parte de estrategias premeditadas. No se trata de una conducta generalizada que todos practican por igual, porque son siempre los mismos quienes los ejercen y quienes los sufren. Y no es un tema menor, porque socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y en sus protagonistas.
La estrategia vigente de bulos por parte de la derecha española y sus aliados mediáticos tiene como finalidad la destrucción del adversario político, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, mediante la deslegitimación y la desestabilización del conjunto del sistema político español, desde el Gobierno hasta el Congreso de los Diputados, pasando por el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, la Hacienda pública…
El modus operandi perpetrado por los fabricantes de bulos se repite de manera sistemática. Lo hemos visto esta semana.
Un digital al servicio de la causa desestabilizadora lanza una mentira sobre la esposa del Presidente del Gobierno. Se le acusa, nada menos, que de recibir subvenciones públicas del ejecutivo que preside su marido, que se apresura supuestamente a ocultarlo, claro. De inmediato, otros digitales y algunos medios generalistas, incluida la televisión pública al servicio del PP en Madrid, lo difunden. Cuando la verdad se abre paso y llega el desmentido, el daño reputacional ya está hecho, y miles de españoles han recibido el mensaje sobre la falsa corrupción.
Uno de los partidos de la derecha acusa a Mónica Oltra del terrible delito de ocultar los supuestos abusos cometidos por su marido a una niña tutelada por la Comunidad Autónoma donde ejerce como vicepresidenta. La campaña de los medios afectos es tan brutal que Oltra se ve abocada a dimitir. Pasado el tiempo, los tribunales archivan la causa, porque “todos los indicios se han desvanecido por completo”, y no se ha descubierto “orden, instrucción, consigna o indicación alguna” que pueda sostener la acusación. Pero el objetivo está logrado. Oltra quedó fuera de la competición política y la derecha gobierna la Comunidad Valenciana.
Un diputado derechista toma la palabra en la sesión de control del Congreso de los Diputados, emitida en directo por varios medios de comunicación, en plena semana de arranque de la campaña institucional para la formalización del Impuesto sobre la Renta. Ese diputado asegura formalmente desde su escaño que los españoles que perciben 15.800 euros anuales en concepto de salario mínimo están obligados a pagar al Estado español hasta 8.000 euros, es decir, un 54% de tales ingresos. Claro está, la Ministra de Hacienda le desmiente de inmediato, confirmando que esos ingresos están exentos de tributar. Pero el mensaje de la voracidad fiscal del Estado llega a los hogares, justo cuando se están rellenando los formularios del IRPF.
Se valen de la complicidad de un conjunto de medios y pseudo-medios de comunicación con pocos escrúpulos, que abusan de los amplios márgenes que la Constitución y nuestro régimen de libertades otorga a quienes se expresan públicamente.
Se aprovechan también de la paradoja que conlleva la revolución tecnológica y la irrupción de las redes sociales como medio de información de referencia para una parte importante y creciente de la población. Cada vez hay más posibilidades para informar y para informarse pero, a la vez, cada vez hay más posibilidades para desinformar y para ser desinformados.
Las consecuencias son graves, en términos de calidad de la democracia, desde luego.
¿Qué respuesta merecen estas estrategias?
Primero, desenmascarar y denunciar, desde luego. Que su juego tramposo quede al descubierto.
Después, pedagogía, para que la ciudadanía encuentre vías rigurosas, fiables y contrastables en el ejercicio del derecho constitucional a recibir información veraz.
Y siempre, la defensa de los valores democráticos y el juego limpio, frente a los tramposos.
Rafael Simancas es Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales y diputado en el Congreso por Madrid
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