El Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Andalucía firman el Acuerdo por Doñana que conlleva la retirada definitiva de la PDL de PP y la extrema derecha.
WWF España celebra la retirada de la ley anti Doñana y reclama «tolerancia cero» con los agricultores ilegales.
Greenpeace España también celebra el Acuerdo, pero rechaza que las ayudas beneficien a quienes roban agua.
Lunes, 27 de noviembre de 2023. La ministra de para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía han firmado este lunes en Almonte (Huelva), el acuerdo que pone fin a un enfrentamiento entre la defensa y conservación del parque natural de Doñlana y su entorno y los presuntos derechos de los agricultores que durante décadas han esquilmado ilegalmente los acuíferos subterráneos del parque, siendo en buena medida resposables de la situación crítica a la que ha llegado este Patrimonio de la Humanidad en peligro.
En este sentido, lo más relevante del Acuerdo por Doñana entre la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica es el compromiso público de Moreno Bonilla de retirar definitivamente la ley anti Doñana. Una ley nacida a partir de un conflicto social artificial e inexistente, que suponía un ataque directo al futuro de Doñana, ya que planteaba la legalización de hasta 1900 hectáreas de cultivos ilegales que llevan años sobreexplotando los recursos hídricos de los que depende el espacio natural y el futuro de la comarca. Una ley que ha suscitado el rechazo, no solo de las organizaciones conservacionistas, sino de la comunidad científica, de instituciones internacionales como la Comisión Europea o UNESCO, del gobierno central y de buena parte de la sociedad local y de consumidores de toda Europa.
La organización ha celebrado incialmente la firma del acuerdo, que analizará «en detalle» en los próximos días y espera que «contribuya de modo significativo al desarrollo socioeconómico de la comarca, impulsando mejoras y creando alternativas viables que reduzcan la excesiva dependencia de los cultivos de frutos rojos y que redunde en beneficio de los valores ambientales de Doñana».
Cierre de regadíos ilegales, mantenimiento de los expedientes sancionadores y sin anulación de multas
Según recoge el Marco de Actuaciones para el desarrollo sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana, el Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado que se cerrarán los regadíos ilegales en el entorno de Doñana, pero no se comprarán las fincas irregulares. Se contempla la transformación de esos suelos en forestales, para lo que se podrán recibir ayudas de hasta 70.000 euros por hectárea (a razón de 7.000 euros anuales durante una década), o también se podrán convertir en cultivos de secano o explotaciones de agricultura ecológica, si bine en estpos casos el incentivo económico será bastante menor.
A estos incentivos podrán acogerse los agricultores de los 14 municipios del entorno de Doñana, incluso los que tengan procesos abiertos por riego ilegal, aunque se mantienen todos los expedientes sancionadores y tampoco se anularán las multas. Por lo que respecta a los regantes de la Corona Norte, que eran los que se iban a beneficiar de la ley, recibirán una ayuda complementaria de 30.000 euros por hectárea que serán aportados por la Junta de Andalucía (20.000 euros) y la Diputación de Huelva (10.000). En total, los agricultores de estos municipios, que este dimingo refrendaron la propuesta en una asamblea, podrán cobrar hasta 100.000 euros por hectárea y podrán pedir que se les abone en cinco años, a razón de 20.000 euros anuales, a cambio de dejar de trabajar sus tierras y renaturalizarlas o reforestarlas.
🦩 ¡¡𝐑𝐞𝐭𝐢𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐀𝐧𝐭𝐢 𝐃𝐨ñ𝐚𝐧𝐚!! 🦩
→ Compromiso de @mitecogob de NO dar dinero de fondos públicos a quien no cumpla con la legalidad
→ Oportunidad para el desarrollo socioeconómico de la comarca @Teresaribera🤝@JuanMa_Morenoinfo👇
— WWF España 🐼 (@WWFespana) November 27, 2023
Para desarrollar este paquete de medidas se destinanarán 350 millones de euros adicionales a los 356 del plan de noviembre de 2022.
“No hay amnistía para el regadío ilegal. Hay amnistía para Doñana”
La premisa del documento es que no se comprarán fincas que han estado funcionando como regadíos sin permisos durante años. Explotaciones que chupaban el agua cada vez más escasa que nutre Doñana. En su lugar, el marco prevé conceder ayudas económicas a propietarios (incluidos los que han pirateado el agua) para que transformen sus hectáreas en terreno natural –abandonando la explotación– o en fórmulas permitidas de secano o de agricultura ecológica. La fórmula es la siguiente:
- Se aportará 7.000 euros por hectárea durante diez años para quienes “renaturalicen” el terreno, es decir, que se revierta a suelo forestal. “Los beneficiarios se comprometerán a mantener el nuevo uso forestal de la superficie por la que reciben la ayuda durante un periodo no inferior a 30 años”.
- Se concederá una ayuda de 2.500 euros por hectárea que se dedique a nuevas superficies de cultivos de secano como la vid, el olivo o el almendro. En este caso, la ayuda se prolongará cinco años. Ese uso debe durar, al menos, una década.
- Ayuda de 1.000 euros por hectárea al año durante cinco años para la reconversión en explotación ecológica. En este caso es un pago complementario ya que este proceso cuenta con una subvención de la Política Agraria Común de la Unión Europea.
La cuestión, a la vista de las medidas dedicadas a la agricultura, es dar una salida a esas fincas para que dejen de utilizar el volumen de agua (que extraen del acuífero) exigido por cultivos de regadío (que no tienen derecho a utilizar) y que tampoco impliquen la concesión de derechos de agua aunque vengan mediante un trasvase desde otros lugares. La vicepresidenta tercera Teresa Ribera ha insistido en que “no hay amnistía para el regadío ilegal. Hay amnistía para Doñana”.
WWF celebra el acuerdo y pide «tolerancia cero» con los agricultores ilegales
En un comunicado publicado en su web oficial, WW España ha celebrado el compromiso de la Ministra de Transición Ecológica que no se va a dar un euro de fondos público a quien no cumpla con la legalidad vigente. Asimismo, la organización destaca que «es necesario garantizar que las medidas propuestas de abandono de cultivos de regadío y de conversión de tierras (a uso forestal o cultivo secano) contribuyan de manera significativa a la recuperación de los acuíferos en Doñana». «En ningún caso deben ser medidas orientadas a favorecer o beneficiar económicamente a quienes han estado durante años sobreexplotando los recursos naturales y compitiendo de manera desleal con quienes sí han cumplido con la ley», añade WWF España.
«La aplicación de este plan debe suponer el inicio de una nueva fase de tolerancia cero con la ilegalidad en la agricultura y el uso del agua en Doñana», asevera la organización de defensa de la naturaleza, que espera que «las distintas administraciones implicadas (Junta de Andalucía, Fiscalía y el MITECO), pongan todos los medios a su disposición para perseguir y cerrar todos los cultivos ilegales de la zona empezando por las fincas que ya se están preparando para una nueva cosecha».
«Después de la enorme crisis de credibilidad que ha supuesto la ley anti Doñana, y una vez presentado este acuerdo, no pueden seguir llegando a los mercados fresas ilegales de Doñana, porque la sociedad y los consumidores no lo entenderían. Estaremos muy vigilantes con la aplicación del plan, para garantizar que se reduce la presión sobre los recursos naturales y para evitar que quienes han contribuido al deterioro del Parque Nacional y de los acuíferos que lo alimentan, se vean beneficiados económicamente», continñua el comunicado de WWF España.
Por último, la organización espera que «la presentación de este plan sea el punto de inflexión para que todas las administraciones implicadas trabajen conjuntamente y de manera coordinada, para revertir la dramática situación en la que se encuentra el Espacio Natural de Doñana y poner fin al deterioro sus hábitats prioritarios, por lo que España ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de la UE».
- La organización valora que se contemplen medidas como la renaturalización o la reconversión de producción a secano
- Ejemplos como Doñana o el Mar Menor sirven para ilustrar que la presión social y ciudadana puede obligar a la clase política a alcanzar acuerdos en favor del medioambiente y las personas
- La organización recuerda que Doñana es tan sólo la punta del iceberg del problema de la sobreexplotación de acuíferos debido a la agricultura intensiva e industrial
Greenpeace España ha valorado valora positivamente que se haya llegado a un acuerdo entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía ya que, entre otras cosas, entierra definitivamente la proposición de ley impulsada por el Partido Popular, que pretendía amnistiar a regantes ilegales en la corona norte de Doñana. Tras la presentación del “Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana”, la organización ecologista celebra que, dados los problemas de agua que existen, y cada vez aumentarán en la zona, las medidas propuestas vayan encaminadas, entre otras cosas, a la transformación de cultivos agrícolas en otros fines como la renaturalización y la reconversión en secano o en agricultura ecológica. También valora positivamente que el marco de actuaciones se extienda a los catorce municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana, porque contribuye a generar una solución integral en el territorio.
Sin embargo, Greenpeace observa con preocupación que aquellas explotaciones que han estado regando de forma ilegal durante años puedan beneficiarse de las ayudas para la diversificación agraria contempladas en el acuerdo. De ser así, se estaría premiando económicamente a aquellas personas que han estado incumpliendo la ley. En este sentido, esperan que la ministra Teresa Ribera cumpla el compromiso, explicitado hoy durante el acto de presentación del acuerdo, de no dar ni un euro a quien incumpla la legislación vigente. Esto, a juicio de la organización ecologista, afectaría a aquellas fincas que han estado utilizando agua para regadío sin autorización.
Por otro lado, la organización recuerda que este acuerdo no debería paralizar los procesos judiciales y administrativos ya abiertos hacia aquellas fincas que han estado incumpliendo la ley durante años. Igualmente, recuerda que se deben reforzar los esfuerzos para perseguir el robo de agua, que por desgracia ha sido una práctica habitual durante todo este tiempo, acometiendo el cierre de todos los pozos ilegales que hay en la zona. Además, la organización ecologista se muestra preocupada porque aquellos beneficiarios de las ayudas trasladen sus explotaciones a otras zonas de la provincia de Huelva en las que el recién aprobado plan hidrológico contempla incremento de superficie de riego, trasladando así el problema a otras zonas.
A falta de hacer un análisis más exhaustivo del resto de medidas, la organización ecologista quiere hacer hincapié en la importancia que tiene la presión ciudadana a la hora de conseguir que haya entendimiento entre diferentes administraciones públicas, con independencia de su color político, en aras de garantizar la protección de los ecosistemas y del desarrollo local de la población de una zona.
Por otro lado, Greenpeace recuerda que el caso de Doñana es tan sólo la punta del iceberg de una problemática que afecta a muchos otros lugares del estado español. Tal y como puede observarse en el informe La burbuja del Regadío en España, el 32,88% de los regadíos actuales se encuentran situados sobre masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo (sobreexplotados). La agricultura intensiva e industrial de regadío y la ganadería intensiva son responsables de más del 80% del consumo de agua y de que el 44% de las masas de agua subterráneas del país se encuentren en mal estado. Por ello, Greenpeace considera que es vital que se ensayen procesos de transición social, ecológica y económica como el que se ha presentado hoy en Doñana. El exceso de demanda hídrica que ejerce el actual modelo agroindustrial y de ganadería intensiva, unido a los efectos del cambio climático, hacen más que urgente acometer procesos de transición en los que se incluyan criterios de justicia social en el reparto del agua, que garanticen la supervivencia de las explotaciones de agricultura social y familiar, en detrimento de otros modelos agroindustriales especulativos.
FUENTE: Greenpeace España
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