El informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa de noviembre de 2022 certifica “opinión no favorable con incumplimientos” en adjudicaciones urgentes del SAS.
Jueves, 13 de julio de 2023. La Intervención de la Junta ha emitido un informe de “opinión no favorable con incumplimientos” en las adjudicaciones urgentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) del año 2020, aprobadas por el gobierno popular de Juan Manuel Moreno Bonilla, y por las que se tranfirieron «ingentes cantidades de recursos públicos» a la sanidad privada, según ha denunciado este jueves el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.
El también presidente del Grupo Socialista ha lamentando en la sesión de control plenaria del Parlamento de Andalucía que el gobierno del PP “no nos ha facilitado copia de los informes”, y ha incidido en que la propia Intervención desmiente la existencia de “control y transparencia” argumentadas por Moreno Bonilla para defender sus dudosas contrataciones sanitarias de emergencia cuando la excepcionalidad legal por la pandemia había expirado.
Según los informes consultados por el equipo socialista, la Intervención de la Junta certifica la existencia de incumplimientos en esos contratos sanitarios urgentes de 2022, como falta de cuantías determinadas o de limitación temporal, ausencia de formalización de ciertas adjudicaciones, que la prestación no se iniciaba de inmediato -y por tanto desaparece la emergencia argumentada para eludir el procedimiento ordinario con concurrencia y publicidad- o la inexistencia en el expediente conformidad con la prestación.
Del taxi al sector sanitario
Entre las adjudicaciones sospechosas consultadas, Juan Espadas ha reclamado a Moreno Bonilla que “apunte el nombre” de la empresa Torroval y López SL y dé explicaciones de cómo esta empresa dedicada al transporte por taxi cambia rápidamente su objeto social en marzo de 2020 y casi de inmediato se convierte en una de las principales contratistas de emergencia del SAS. Intervención de la Junta se refiere expresamente a un contrato de casi 5 millones de euros -4.779.500 euros exactamente- con esta compañía advirtiendo de que no inició la prestación en el plazo legalmente establecido -y, por tanto, debió ser tramitado por un procedimiento ordinario-, de que no consta la conformidad del responsable de la adjudicación ni el acta de recepción positiva de la inversión.
El responsable regional socialista ha criticado que, al mismo tiempo, Moreno Bonilla tiene la sanidad pública andaluza en una situación “que es un clamor” con quejas ciudadanas y los sindicatos denunciando un recorte del 30% de los recursos en verano respecto al año pasado, a la reducción de camas hospitalarias y de personal y asistencia de manera generalizada en centros de toda la comunidad.
Espadas ha recalcado que Andalucía cuenta “con más recursos que nunca y peor gestión que nunca” por parte de Moreno Bonilla en sanidad y en todos los servicios públicos. Ha insistido al presidente de la Junta que “no lo digo yo, lo dicen los andaluces y andaluzas”, que en 2018 valoraban la atención primaria en 7 puntos y sólo un 5,89 puntos en 2022, con gestión del PP al frente de la Junta.
Ha lamentado, además, que el Gobierno de la Junta no ha cumplido ni uno de los puntos que firmó con sindicatos sanitarios para frenar sus movilizaciones justo antes de las elecciones municipales ni tampoco ha eliminado la orden de privatización de la atención primaria. “La realidad de la gestión sanitaria del PP es que 507 médicos se fueron a otras comunidades o al extranjero en 2022 porque les ofrecieron mejores condiciones laborales y retribuciones, y eso es responsabilidad de Moreno Bonilla”.
Para el secretario general del PSOE andaluz, el deterioro de la sanidad y de todos los servicios públicos “incrementa brecha de desigualdad” en Andalucía, y ha añadido que la situación es muy similar en la ayuda a la dependencia, donde Moreno Bonilla “prometió listas de espera cero e igualar la aportación estatal”, que sigue al alza con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en España, pero sin cumplir; el resultado es que han subido a 92.000 los andaluces y andaluzas que aguardan su ayuda y demoras en la atención que rozan los 530 días.
FUENTE: PSOE de Andalucía
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