El acuerdo entre Eurotécnica Agraria S.A. y Cobre las Cruces, firmado en 2013 y prorrogable hasta 20 años, recoge los términos en los que la mina compró los derechos de agua para que no se usaran y compensaran la pérdida causada por la explotación.
Domingo, 5 de noviembre de 2023. Eurotécnica Agraria S.A., la empresa de la Casa de Alba que gestiona la finca investigada por el supuesto robo de agua de varios pozos en el entorno de Doñana, firmó un contrato en 2013 en el que se comprometía a no usar prácticamente otras captaciones de agua de su propiedad en La Pizana, una finca situada junto a una mina en Gerena (Sevilla). El contrato de suspensión de derechos de agua recogía una contraprestación por ello de más de 60.000 euros al año.
Muy próxima a Aznalcóllar (Sevilla), Cobre Las Cruces, condenada por contaminar y detraer más agua de la permitida de un acuífero del que se abastecía la población, necesitaba compensar las pérdidas que ocasionaba para cumplir con los permisos de explotación. Una solución aportada por la mina fue la suspensión temporal de derechos de agua sobre el acuífero afectado. Es decir, comprar derechos a los titulares para que no usaran ese agua.
En este caso, el acuerdo firmado por Cayetano Martínez de Irujo en representación de Eurotécnica Agraria –titular de esos derechos– y los representantes de Cobre La Cruces, el 29 de abril de 2013, establecía que la empresa de los Alba autorizaba la suspensión temporal parcial, consistente en dejar de extraer 200.000 metros cúbicos al año de sus seis pozos sobre el acuífero Niebla-Posadas a cambio de una contraprestación económica de 50.640 euros anuales más IVA. Según el documento, el contrato podía prorrogarse hasta un máximo de 20 años. En la misma firma del acuerdo se detalla el primer pago anual, que ascendió, con IVA, a 61.274, 40 euros.
Hasta ahora, han transcurrido diez años. Y si el contrato se mantiene en los mismos términos –algo que no ha aclarado a este medio ni la empresa ni la mina–, la empresa de los Alba habría obtenido ya más de 600.000 euros por ello. “Cobre Las Cruces, dentro de su política de gestión de aguas y en el marco de las autorizaciones otorgadas por la administración competente, tiene vigentes distintos acuerdos con empresas del entorno del complejo minero, uno de los cuales es con la empresa mencionada”, explica la mina a lamarea.com. “Como no puede ser de otra forma, estos acuerdos y sus condiciones cumplen escrupulosamente con la legalidad y están sujetas a autorización y supervisión por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como organismo responsable en la materia, a quienes os remitimos para cualquier otra consulta al respecto”, añade Cobre las Cruces, que no responde si el contrato con la empresa de los Alba –que podía variar de precio y de volumen de la suspensión– continúa con las mismas cláusulas que las iniciales. Eurotécnica Agraria no ha respondido tampoco a estas cuestiones solicitadas por la marea.com.
Los pozos de la sociedad tienen un volumen total de 294.095 metros cúbicos al año. Con la suspensión temporal ‘comprada’ por la mina –200.000 metros cúbicos–, los Alba sólo podrían detraer como máximo 94.095 metros cúbicos al año. Según la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) solicitada por lamarea.com a través del portal de transparencia, la empresa cumple perfectamente con el acuerdo inicial. Incluso algunos años ha detraído la mitad de lo permitido.
Un problema legal
Eurotécnica Agraria se ha situado en el punto de mira de la Fiscalía de Medio Ambiente en Sevilla, que se ha querellado contra la sociedad por la existencia de ocho pozos presuntamente ilegales en la finca Aljóbar, en el término municipal de Aznalcázar. Como ya adelantó este medio, el pasado junio la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y una patrulla del Seprona de la Guardia Civil intentaron clausurar de manera cautelar estas captaciones de agua tras una denuncia pública de Ecologistas en Acción, que aseguraba que los pozos estaban camuflados «con lonas de color verde para no ser visibles de forma aérea o a pie de parcela».
Al llegar, según explicaron desde la Confederación, los responsables de la propiedad no dejaron pasar a los agentes, por lo que el organismo responsable de la cuenca del Guadalquivir decidió solicitar una orden judicial para acceder a la propiedad. Finalmente, las captaciones fueron selladas el pasado jueves 20 de octubre.
Tras la presentación de la querella, el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha citado como investigada a Eugenia Martínez de Irujo, presidenta de la sociedad, por un supuesto delito contra el medio ambiente, como ha desvelado el diario El País. El ministerio público cacula que «los riegos ilegítimos» de la finca Aljóbar habrán provocado un exceso de consumo superior a los 300.000 metros cúbicos y tendrían un coste de 36.702 euros. Son datos referidos sólo a la última campaña de riego, por lo que la Fiscalía pide ampliar el cálculo a los últimos diez años, el tiempo que, como mínimo, llevarían estos pozos en funcionamiento.
En la actualidad, los terrenos están gestionados por el duque de Híjar, Alfonso Martínez de Irujo, y por su hijo Luis, quien admite que los pozos no están regularizados pero ha restado importancia al asunto: «Hubo pinchazos hace 20 años, pero no los hice yo y desde hace cinco años había otras urgencias como la maquinaria. Tengo donde agarrarme, me encuentro tranquilo y no es ilegal, aunque debí haber priorizado este tema», ha declarado a El País. Además de esto, ha solicitado la exclusión de su hermana Eugenia del caso, ya que la presidencia de la sociedad es rotatoria entre los hermanos, y que se declare como investigado a su hijo Luis Martínez de Irujo, quien dirige la finca desde hace un lustro.
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