Se trata de la trabajadora que ha permanecido hasta 11 días sin recibir atención médica tras un accidente laboral en la empresa Frutas Airam, asociada a la patronal agraria Asaja.
El Centro de Salud de Moguer había denegado con anterioridad la asistencia médica solicitada personalmente por la trabajadora por no estar en posesión (física) de su Tarjeta Sanitaria.
Aicha AH fue objeto de un extravagante, violento y denigrante «examen médico» efectuado por la propietaria de Frutas Airam, quien descartó dolencia alguna. Tras la presión ejercida por organizaciones sindicales y asociaciones de migrantes, Aicha logró ser atendida en el servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez, donde se verificó la dolencia que sí padece.
La intervención pública de Jornaleras de Huelva en Lucha y la asociación AMIA logra que la trabajadora permanezca en España durante su convalecencia, el pago de los días no trabajados a causa de su incapacidad temporal, y un nuevo contrato en otra finca hasta el final de la campaña.
Sábado, 17 de febrero de 2024. La escena, más propia de una España que tanto añoran algunos sin haberla conocido, tuvo lugar este viernes, 16 de febrero de 2024, en el consultorio médico de Moguer, según consta en la propia Hoja de Seguimiento de Consulta a la que ha accedido La Mar de Onuba.
Dos agentes de la Guardia Civil irrumpieron en la consulta a petición de la médica MASZ y requisaron, sin orden judicial, el teléfono de la ciudadana Aicha AH, temporera marroquí integrante de los denominados contingentes de contratación en origen para la recogida de frutos rojos en la provincia de Huelva.
Tras inspeccionar el contenido del dispositivo y tomar notas de contactos, mensajes y llamadas realizadas, así como tomar fotografías del pasaporte de la trabajadora, los agentes abandonaron la consulta, dejando a la paciente (según relató ella misma minutos después del episodio a la presidenta de la Asociación de Mujeres Migrantes en Acción AMIA), con un “ataque de nervios”, para el que no consta que recibiera atención ni tratamiento. En el parte de consulta emitido por el centro de salud, apartado Exploración, la médica escribió: “Acude acompañada de traductora y empresaria. Me entero de que está grabando sin mi consentimiento y enviando grabaciones. Se persona Guardia Civil y realizaré pertinente denuncia”.
A este respecto, la trabajadora niega haber estado grabando. Algo que, no obstante, de haber sido cierto en ningún momento hubiese supuesto delito o falta, ya que ninguna ley o normativa prohíbe a una usuaria de la sanidad pública grabar sus propias consultas, con o sin aviso previo, de igual modo que no es delito ni falta grabar conversaciones personales en general, según la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo.
La Mar de Onuba ha pedido explicaciones de este lamentable episodio tanto a la Guardia Civil como a la Subdelegación del Gobierno. Desde la Benemérita se han negado a valorar lo sucedido y se han limitado a responder que “si algún ciudadano quiere poner una queja sobre una actuación policial, debe acudir al puesto de la GC y pedir el libro de quejas y sugerencias, iniciándose un proceso interno para aclarar lo sucedido y un oficial realizará un informe cuyo resultado se remitirá al interesado”.
Esta redacción también ha intentado recabar, sin éxito, una valoración de lo sucedido por parte de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, de la que dependen jerárquicamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia onubense. Se ha intentado tanto a través del gabinete de prensa como de Natalia Santos, ex alcaldesa de Ayamonte y nueva asesora de la recién nombrada Subdelegada, María José Rico, sin haber recibido ninguna respuesta las dos veces que se ha intentado, vía WhatsApp, tanto el mismo día de lo sucedido como en la mañana de este sábado.
La insólita, incompresible e injustificada actuación este viernes de agentes de la Guardia Civil en el centro de Salud de Moguer, se produjo apenas un día después que La Mar de Onuba hiciera públicos unos audios que demuestran que la temporera marroquí Aicha AH había permanecido hasta el pasado martes más de diez días sin recibir asistencia médica por daños sufridos en una rodilla durante su jornada laboral.
En una surrealista escena que revela uno de los audios dados a conocer por esta revista, el mismo martes, después de que Jornaleras de Huelva en Lucha (Sindical Obrera Andaluza), AMIA, la secretaria general de CCOO de Huelva, Julia Perea, y La Mar de Onuba entraran en contacto con la empresa y con la patronal agraria Asaja para interesarse por el caso, la propietaria de Frutas Airam realizó por su cuenta y riesgo una extravagante, violenta y denigrante “exploración médica” a la trabajadora, tras la que concluyó que “está mintiendo” y que “no tiene nada”. Con este "estudio", la empresaria se ratificó a sí misma en lo acertado de su decisión de no haberle facilitado asistencia médica los días anteriores. En el audio también se escucha a la empresaria inquirir a la trabajadora para que detalle con qué organizaciones ha hablado en los días anteriores y el motivo, y una amenaza explícita de expulsarla a Marruecos “mañana” si no dice "la verdad".
Intervención de Asaja y el PRELSI de Interfresa
Solo tras una petición expresa del secretario general de Asaja en Huelva, Félix Sanz, la empresaria aceptó finalmente llevar a la trabajadora al servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva en la tarde noche del pasado martes, 13 de febrero. En otro audio dado a conocer por La Mar de Onuba, se escucha cómo Sanz recomienda no devolver "mañana" a la mujer a Marruecos, y esperar unos días antes de tomar una decisión. “Te lo digo más que nada porque no se monte el pollo mañana, no por otra cosa", llega a decir el dirigente patronal. "Mañana", que fue el pasado miércoles, 14 de febrero, se celebraron en toda España grandes movilizaciones de protesta del sector patronal agrícola, convocadas por Asaja, COAG y UPA.
El servicio de urgencia, al contrario que la propietaria de Frutas Airam, sí que supo detectar la dolencia (gonalgia izquierda) por la que Aicha llevaba más de diez días pidiendo asistencia y sufriendo dolor. Para la misma se prescribió tratamiento antiinflamatorio y contra el dolor, reposo, y estudios radiológicos para descartar lesiones en las partes blandas de la rodilla que no se observan con una simple imagen de rayos X. Al no tratarse de un caso grave, dichos estudios corresponde solicitarlos al centro médico de referencia de la paciente, en este caso el Centro de Salud de Moguer, donde no consta hasta la fecha que se hayan pedido, según la documentación a la que ha tenido acceso esta revista. Sí consta que la médica llamó a la Guardia Civil al creer que la paciente la estaba grabando con su móvil.
Esa misma mañana, y tras la enorme polémica generada en las redes sociales por los audios dado a conocer por esta revista, Aicha AH recibió en el alojamiento que aún comparte con otras temporeras en Frutas Airam la visita de Borja Ferrera, director del conocido Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social y de Igualdad del lobby patronal Interfresa (PRELSI), un servicio de libre adscripción para la mediación entre empresarios y trabajadores. Al menos hasta el pasado martes, la empresa Frutas Airam SL no era usuaria de dicho servicio, según información facilitada ese mismo día por Interfresa a esta redacción.
Según relató después de la visita la propia Aicha al colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha (Sindical Obrera Andaluza), Ferrera garantizó a la trabajadora su permanencia en España durante su convalecencia, el cobro de los días no trabajados desde su accidente y la continuidad como trabajadora del programa Gecco en otra finca dedicada al cultivo de arándanos.
También la agilización de trámites para la obtención de su Tarjeta Sanitaria. Y es que Aicha, como también revela el nuevo audio que a continuación hace público La Mar de Onuba, había intentando obtener asistencia médica por sus propios medios, pero esta le fue denegada en el Centro de Salud de Moguer por no estar en posesión (física) de la tarjeta que la identifica como trabajadora con derecho a ser atendida por la Sanidad Pública. Como cualquier persona, con o sin papeles, en el sistema de derecho universal a la sanidad del Reino de España.
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