Domingo, 17 de marzo de 2024. El trabajo periodístico y de investigación realizado por La Mar de Onuba estos seis últimos años ha logrado poner el foco sobre las denuncias que revelan la situación de miles de personas trabajadoras en el campo onubense como nunca antes. Así haya a quienes les pese, incomode o preocupe (con motivo) el periodismo.
Ninguna de las informaciones “controvertidas” publicadas por esta revista, a veces objeto de esos burofaxes con los que algunas empresas y responsables políticos eluden responder a nuestras aseveraciones, ha sido refutada.
Al contrario, en este algo más de un lustro, han sido ampliamente superadas por la “rabiosa actualidad” cuando la crónica de sucesos se ha hecho presente (también, en la historia de los frutos rojos onubenses). Operaciones contra redes de trata de seres humanos como Urofort o Adelita, instruidas (ojo al dato) por juzgados de Jaén y Segovia, y en las que la UCO de la Guardia Civil liberó a más de 200 personas que estaban siendo esclavizadas en empresas de frutos rojos a través de ETT… O la detención de los hermanos Goméz Domínquez (propietarios de la empresa Agromalvi SL, asociada a la cooperativa Fresón de Palos y a la patronal Asaja) por vender falsos contratos de trabajo a cinco mil euros a personas a las que también explotaban en situaciones de semiesclavitud, casos aislados, ya fueron, más allá de la labor periodística, claros indicadores de que “ocurren cosas”.
Cierta es, pues, y más que comprensible, la preocupación de la mayoría de los empresarios de los frutos rojos onubenses que no incumplen las leyes por el daño que causan a la imagen todo el sector, pilar de la industria onubense, la difusión en medios como La Mar de Onuba de las prácticas abusivas –sonado hándicap– de malos empresarios.
En este sentido, resulta bastante reveladora una conversación mantenida hace ya tres años entre este director y el propietario de una de las principales empresas del sector, contrariado por la difusión en nuestra páginas de las medidas anunciadas por grandes cadenas de supermercados daneses, dispuestas suspender la venta de frutos rojos onubenses cuyos productores no les permitan conocer, acreditar, de primera mano la debida diligencia en la cadena de suministro. La nueva legislación a este respecto, que avanza imparable en todos los países de la Unión Europea, convierte en pilar esencial de la «debida diligencia» el cumplimiento estricto de todas y cada una de las normativas desde la compra de la semilla, hasta el etiquetado final del producto que llega los lineales de tiendas y cadenas de supermercados. Y entre todas esas normativas de obligado, inexcusable cumplimento, destacan las de carácter medioambiental y sociolaboral. En este último aspecto, hasta ahora frecuentemente ignorado por productores, distribuidores y vendedores finales, las Evaluaciones de impacto sobre los Derechos Humanos (HRIA, en sus siglas en inglés) en las cadenas de suministro realizadas a partir de 2020 (motu proprio y adelantándose, en muchos casos, a la Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) por grandes cadenas de supermercado con LIDL (VER), surgen como respuesta a las voces de alarma lanzadas desde diversas organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas tras las investigaciones realizadas por estas «sobre el terreno». A destacar, entre todas ellas, el informe elaborado y publicado por el Ministerio de Igualdad, titulado Retratos de la precariedad, en el que el propio Gobierno de España constata y hace suyas denuncias y reivindicaciones contenidos en otros documentos (VER EJEMPLO) elaborados desde la sociedad civil, independiente y sin ánimo de lucro. Voy a repetir esto último: ¡sin ánimo de lucro!
La conversación, mantenida el 15 de abril de 2021, fue la siguiente:
PROPIETARIO.- Yo de lo que me gustaría poder hablar contigo es de ver un poco el lado más amable de esto, y no solo que publicáis… que solo sacáis la parte negativa de esto. De intentar dar una imagen del sector distinta. No es que discuta lo que publicáis. Pero es que hay miles de cosas que también son ciertas y que son la parte positiva de este sector y no se publican en vuestro medio.
Perico Echevarría.- Es que bajo nuestro punto de vista editorial hacer las cosas bien no es noticia, P.
P.- Vamos a ver. Tiene que ser noticia porque es el bienestar de la provincia de Huelva. Un sector en el que trabajan 80.000 personas y que si la gente quisiera habría cero paro… Lo que pasa es que la gente no quiere trabajar.
PE.- Esos no es verdad. La gente claro que quiere trabajar. Lo que no quiere es trabajar por debajo de las condiciones que marca el convenio colectivo. Y hay un hecho cierto, P., y es que en Huelva el Convenio Colectivo del Campo no se respeta en demasiados casos.
P.- Eso no es cierto, Pedro.
PE.- Por ejemplo, P. ¿vosotros a cuánto pagáis la hora extra?
P.- Es que las horas extra no están recogidas en el convenio colectivo.
PE.- ¿Cómo que no?
P.- Bueno, sí. Pero el hecho de hacer hora extras es una necesidad…
PE.- Pues eso, ¿a cuánto pagáis la hora extra?
P.- Pues a lo que diga el convenio, si el convenio colectivo dice a 8 euros, pues a 8 euros, si dice a seis euros…
PE.- Lo que dice el convenio es que hay que pagarlas al 175 % de la hora habitual. Eso es más de 12 euros.
P.- Vale. Y tú dices… si el sector se arruina porque tiene que pagar las horas extra porque el sector no es rentable…
PE.- Pues en ese caso tú quieres trasladar a los trabajadores un problema que no es de ellos. Ellos son trabajadores por cuenta ajena, y no les corresponde analizar los problemas que tú puedas tener para pagarles lo que les corresponde. Si tú facturas o no lo suficiente para pagar su sueldo no es asunto de ellos. A ellos les corresponde hacer bien su trabajo y recibir el salario que dice el convenio que tienen que cobrar.
P.- Bueno, eso es muy amplio.
PE.- Es Ley. Pero esto es algo que ya me han dicho otros empresarios: “¿A cuánto tengo que vender yo la fresa para pagar lo que dice el convenio?”.
P.- ¿Y cuál es la ley de rendimiento que dice el convenio?
PE.- ¿Perdón?
P.- ¿Qué cuánto tiene que rendir un trabajador para cumplir el convenio? Es que eso el convenio no lo dice.
PE.- Es que no tiene que decirlo. Precisamente, como yo lo entiendo, uno de los grandes avances del convenio en Huelva es que no contempla el trabajo a destajo, fija el salario por jornada y hora, no por kilos.
P.- Entonces, el tema de la rentabilidad o la ruina… Yo, por ejemplo, que yo me arruine…
PE.- Insisto en que ese es un problema empresarial y no del trabajador.
P.- Entonces, vamos a ver,… ¿a quién se lo trasladas?
PE.- Pues no lo sé. Pero si sé que a quien no se lo puedes trasladar es al trabajador.
(…)
PE.- Otra cuestión. ¿Tú contratas a mujeres marroquíes?
P.- Yo traigo a mujeres todos los años.
PE.- Vale. Una pregunta, ¿A cuántas de ellas les has entregado un certificado que diga cuánto van a ganar, en neto, el tiempo que estén en España, como se establece en la Orden Gecco?
P.- Bueno, es que eso de la Orden Gecco es un brindis al sol.
PE.- No, P. La Orden Gecco es una orden ministerial. Una norma de obligado cumplimiento, como el convenio colectivo. Y no se cumple. No he conseguido dar con una sola trabajadora que disponga del documento que te digo.
P.- Pues habrá que decírselo a Freshuelva, o a Asaja o a…
PE.- ¿…la opinión pública?
P.- A ver, si el trabajador… Si el empresario… A ver, las condiciones no las pone él. El empresario nunca pone las condiciones de lo que tiene que contratar. Están las condiciones ya. Si tú dices, bueno, pues esto no me conviene, pues no lo aceptas y ya está. Pero decir que las trabajadoras marroquíes aquí no vienen con garantías es pasarse veinte pueblos.
PE.- No se trata de que vengas sin garantías, sino de si esas garantías se cumplen. Las garantías claro que las tienen, se llaman Orden Gecco, que, insisto, es una orden ministerial de obligado cumplimiento. Solo que no se cumple.
P.- …
Cada cual saque sus conclusiones. Los hechos son los que son. Como los contamos en La Mar de Onuba. Con todas sus consecuencias.
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