Los animalistas esperan que “se haga justicia y de una vez y por todas cierren las granjas cinegéticas de este país, porque todas están incumpliendo con lo establecido en el Código Penal, no puedes criar un animal para la caza”.
PACMA entiende que cualquier animal que se encuentre, aunque sea temporalmente, bajo el control humano no puede ser objeto de caza, por lo que “cada uno de los cazadores son responsables del delito y el criador es el cooperador necesario de tales hechos delictivos”.
El Partido Animalista PACMA ha presentado una querella contra 73 cazadores y contra el propietario de la Finca Los Posteruelos, en Villaviciosa de Córdoba, donde se desarrolló una macromontería en enero de 2022 en la que se dio “muerte a 450 animales presuntamente criados en cautividad”, según informa el diario Cordópolis (AQUÍ).
Miércoles, 20 de abril de 2022. La gente se llevó las manos a la cabeza cuando en enero pasado se hizo público un vídeo (AQUÍ) en el que centenares de animales muertos y ensangrentados estaban colocados en hileras y expuestos para dar cuenta de la gran matanza que había tenido lugar en la Finca Los Posteruelos, y entidades de protección animal y medioambiental como PACMA o Ecologistas en Acción se hicieron eco en la prensa de la “atrocidad cometida contra una gran cantidad de ciervos y jabalíes”.
El equipo legal de PACMA ha relatado a EL OBSERVADOR que a raíz de los artículos de prensa que salen en los diferentes medios sobre la macrocacería, “la junta directiva de PACMA bajo el asesoramiento del equipo legal decide interponer denuncia penal por posibles delitos de maltrato animal del artículo 337.3 del Código Penal con el agravante de muerte, sobre la base que estos animales han sido criados en granjas cinegéticas y soltados con motivo de la caza”.
El artículo 337 del Código Penal español establece que “será castigado con la pena de (…) el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a un animal doméstico o amansado, un animal de los que habitualmente están domesticados, un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o cualquier animal que no viva en estado salvaje”.
Así el equipo legal de PACMA entiende que cualquier animal que se encuentre, aunque sea temporalmente, bajo el control humano no puede ser objeto de caza, por lo que “cada uno de los cazadores son responsables del delito y el criador es el cooperador necesario de tales hechos delictivos”.
Desde el colectivo esperan que “se haga justicia y de una vez y por todas cierren las granjas cinegéticas de este país, porque todas están incumpliendo con lo establecido en el Código Penal, no puedes criar un animal para la caza”, e informan que la querella está presentada, “pero todavía no sabemos en que juzgado ha caído ni la admisión a trámite de la misma”.
En el partido animalista creen que “paradójicamente uno de los argumentos y el más importante de los cazadores respecto a la necesidad de la caza en España es por la gran superpoblación de animales cinegéticos que hay, sin embargo si hay una gran superpoblación ¿cómo es que cada año aumentan el número de granjas cinegéticas? Creo que este simple hecho rebate el argumento de los cazadores, que repiten el argumento por si esta mentira que se dice muchas veces se convierte en verdad”.
Por eso en PACMA entienden que “la caza no es necesaria porque en España no hay superpoblación de animales”, y aunque puede “puntualmente existir una superpoblación en una localidad concreta” esto no tiene por qué solucionarse a través de la caza, “sino a través de otros métodos no letales con los animales, que con los adelantos científico-técnicos del siglo XXI es posible”, sobre todo teniendo en cuenta “la declaración de que los animales son seres sintientes según nuestra legislación, y por lo tanto hay que poner ya punto final a las soluciones que conlleven la muerte de cualquier animal”.
Mil euros por cazador
Tal y como publica el diario Cordópolis (AQUÍ), los cazadores podrían haber pagado hasta 1.000 euros por escopeta para cazar, de media, unos seis animales cada uno. “Esto es mucho más de lo que se suele obtener en un espacio abierto y más en el tiempo que emplearon”, explica la vicepresidenta y abogada del Partido Animalista, Cristina García.
Por su parte el presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, insiste en señalar que “la caza es necesaria debido al sobreabundante número de ejemplares”, que la actividad tenía “todos los permisos en regla” y que “había que mantener el equilibrio del entorno”.
El presidente del Partido Animalista, Javier Luna, ha asegurado que en este tipo de macromonterías “en la mayoría de los casos estos animales son criados en las fincas, alimentados y puestos a disposición de los cazadores cuando alcanzan cierta edad. Son animales que, de alguna manera, han dependido de la mano humana en algún momento”.
Por lo que desde PACMA instan a la administración a la revisión urgente sobre la ilegalidad de las “granjas cinegéticas” a partir del primero de julio de 2015, derivando de la modificación del Código Penal, siendo estos espacios dedicados a la cría en exclusiva de animales incluidos en el catálogo de especies cinegéticas, es decir, a la producción de animales para repoblar terrenos y mantener en ellos la posibilidad de cazar.
“Al ser el Código Penal una Ley Orgánica, toda autorización de granjas cinegéticas y toda autorización de caza de animales criados en ellas es nula de pleno de derecho, ya que la normativa actual que permite la existencia de granjas cinegéticas y autorizaciones de caza de dichos animales supone una violación flagrante del Principio de Jerarquía Normativa”, concluye Luna.
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