| Granada, 13/05/2022.- La ONG Alianza por la Solidaridad-ActionAid denuncia los dobles raseros en el cumplimiento del derecho al empadronamiento por parte de los Ayuntamientos. Algo que se ejemplifica en el reciente caso de la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, empadronada en un domicilio en el que no ha residido de manera habitual nunca. La organización ha llevado a cabo una investigación en Ayuntamientos andaluces que pone de manifiesto que el derecho al empadronamiento, recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, está siendo sistemáticamente incumplido en el caso de las personas migrantes. Según la normativa, se debe permitir el padrón “en todo tipo de domicilios, incluyendo infraviviendas como cuevas y chabolas”. En consecuencia, las infraviviendas de asentamientos como las que hay en los poblados chabolistas como el de Atochares (Níjar) o de Palos de la Frontera “pueden y deben figurar como domicilios válidos”, según la ley. Los consistorios donde se ha llevado a cabo esta investigación, ponen numerosas trabas a las personas que quieren realizar este procedimiento, público y gratuito, lo que conlleva graves consecuencias y el incumplimiento de los derechos de las personas migrantes. Alianza-ActionAid ha constatado que no sólo hay una total falta de información adaptada a sus circunstancias y barreras idiomáticas en las oficinas públicas donde se realizan los trámites, sino que se les exige una documentación que no figura en la normativa o se les obliga a pedir citas previas que no llegan nunca a materializarse. Además, la ONG a través de la investigación “Vecinas, vivas donde vivas», ha podido enumerar otros derechos fundamentales que están siendo vulnerados por las trabas y la falta de este documento, como pueden ser el derecho a votar, solicitar prestaciones sociales, tener atención médica con la tarjeta sanitaria verde en Andalucía, pedir una plaza en escuelas infantiles y solicitar o renovar un DNI y/o pasaporte, entre otros derechos. Para Ana Gómez, coordinadora de Alianza en Andalucía, “Nos gustaría que las personas migrantes tengan las mismas facilidades que la señora Olona. Sin embargo, con ellas se produce una forma de violencia institucional cuyas víctimas son invisibilizadas al no ser reconocida su existencia”. Asimismo, Gómez señala que “la Junta de Andalucía debe presionar a los ayuntamientos para que se garantice que cumplen con la normativa existente, dado que se trata de una competencia local”. Una demanda que se realiza también desde otras organizaciones. Cabe señalar, que la denegación de este servicio, de forma totalmente discriminatoria, está fomentando un comercio ilegal, dado que las personas afectadas se ven abocadas a pagar entre 300 y 1.500 euros por conseguir el documento del padrón al que tienen derecho. Campaña por el derecho al empadronamiento Alianza-ActionAid exige a los ayuntamientos andaluces de Palos de la Frontera (Huelva) y Níjar (Almería), que cumplan con la ley y permitan el empadronamiento de todas las personas migrantes que residen en estos municipios, independientemente de la titularidad de sus viviendas o sus condiciones físicas. La organización tiene en marcha una campaña de recogida de firmas y la difusión del documental Vecinas, vivas donde vivas que cuenta esta problemática en la voz de mujeres migrantes que viven en los asentamientos. Nora Elhaimer, joven marroquí que participa en el corto-documental “Vecinas. Vivas donde vivas” de Alianza ActionAid, quien reside en el asentamiento de San Isidro (Níjar) denuncia que “el empadronamiento es fundamental para todos los migrantes. A nosotros no nos gusta vivir aquí, bajo los plásticos, pero no conseguimos un trabajo continuo y no podemos pagar un alquiler, la luz, el agua. Con papeles si encontraremos un trabajo digno para vivir como todo”. El documental ha sido producido por Entre Fronteras y apoyado con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. |
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