Vienres, 15 de septiembre de 2023. Un año después de la oleada de protestas tras la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini aumenta el acoso a mujeres y niñas por parte de las autoridades de Irán, denunció una misión de investigación independiente de las Naciones Unidas.
La República Islámica “está redoblando la represión y las represalias contra sus ciudadanos y tratando de introducir leyes nuevas y más draconianas que restringen aún más severamente los derechos de las mujeres y las niñas”, dijo Sara Hossain, presidenta de la misión designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Amini, de 22 años, fue arrestada y obligada a subir a una camioneta por la policía moral en Teherán, el 13 de septiembre del año pasado. Las autoridades alegaron que ella no cumplía las estrictas leyes del país sobre el uso obligatorio del velo.
Según los informes oficiales, murió mientras estaba detenida el 16 de septiembre tras sufrir un ataque cardíaco, pero su familia negó que tuviera problemas de ese tipo y alegó que fue torturada.
Estallaron masivas protestas durante semanas en el país, sobre todo en la región del Kurdistán (noroeste), severamente reprimidas. Al menos 525 personas murieron en las manifestaciones, de ellas 71 menores de edad, y 19 500 fueron detenidas, de acuerdo a la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos de Irán.
La investigación gubernamental sobre la muerte estuvo “muy por debajo” de los estándares internacionales, incluidos los requisitos de independencia y transparencia, dijo en un comunicado en esta ciudad suiza la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán.
“En primer lugar, Mahsa nunca debería haber sido arrestada”, dijo Hossain, y agregó que desde entonces, el gobierno “no ha logrado garantizar la verdad, la justicia y la reparación a su familia, ni a las familias de otras víctimas, mujeres, niñas y todos los manifestantes objeto de violaciones de derechos humanos fundamentales”.
Por el contrario, la Misión informó de que el padre y el tío de Amini fueron detenidos hace unos 10 días por las fuerzas de seguridad en su ciudad natal, Saqqez, y que su paradero “sigue siendo desconocido”.
Según informes, la tumba de la joven Amini también fue profanada y se impidió a sus familiares guardar luto. El abogado de la familia y los periodistas que cubren su caso también han sido acosados.
La Misión también indicó que está investigando acusaciones de que el Estado respondió a las protestas con fuerza innecesaria y desproporcionada, arrestos y detenciones arbitrarias, juicios injustos, ejecuciones extrajudiciales y acoso a familiares de las víctimas.
Esos actos “continúan hasta hoy”, añadió su declaración.
Además, las autoridades están exacerbando las medidas punitivas contra quienes ejercen sus derechos fundamentales, incluida la libertad de religión, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, según el panel independiente.
La Misión también dijo que un proyecto de ley, actualmente bajo consideración por el parlamento –si se aprueba– expondría a mujeres y niñas a mayores riesgos de violencia, acoso y detención arbitraria.
La legislación propone mayores multas y penas de prisión para las mujeres y niñas que infrinjan las disposiciones obligatorias sobre el uso del velo, así como castigos más severos que incluyen prohibiciones de viajar, denegación de educación y atención médica y sanciones contra las empresas.
La Misión pidió al gobierno que coopere plenamente con sus investigaciones y garantice que todos los afectados tengan acceso seguro y sin obstáculos para proporcionar pruebas, incluida la remisión de sus casos.
Hasta ahora, el gobierno no ha respondido a repetidas solicitudes de la Misión, en la que acompañan a Hossain las expertas en leyes Viviana Krsticevic de Argentina y Shaheen Sardar Ali de Pakistán.
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