La discriminación de la Diputación del PP encabezada por Bendodo y ahora por Salado, según la sentencia ya firme y sin recurso alguno, es porque sólo inserta publicidad en sus medios amigos e ignora a otros como EL OBSERVADOR “solo por su línea editorial de opinión”
El Supremo le da un tirón de orejas a los servicios jurídicos de la Diputación por haber hecho mal su trabajo y la hace pagar con el dinero de todos. Pronto ocurrirá lo mismo con el Ayuntamiento de Málaga, que también presentó un recurso semejante al del ente provincial e igual de mal planteado
Viernes, 7 de julio de 2023. El reparto a dedo y con favoritismos de la publicidad institucional tiene los días contados, y es que tras la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha decidido no admitir a trámite el recurso de casación presentado por la Diputación Provincial de Málaga, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena a la administración malagueña a indemnizar a EL OBSERVADOR por discriminación publicitaria (AQUÍ) ya es firme y sin posibilidad de ser recurrida.
El Supremo basa la inadmisión en que el recurso de casación presentado por el ente provincial no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la LJCA, y en particular “por falta de fundamentación suficiente de que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 88 LJCA, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo”.
Y es que la Diputación alega “como supuesto de interés casacional objetivo el contenido en el art. 88.2.b) y la presunción prevista en el artículo 88.3 apartado b) de la LJCA pero, sin embargo, estos supuestos no están correctamente planteados”, según el Tribunal Supremo, con lo que los servicios jurídicos de la institución reciben un buen varapalo.
Así, el Tribunal asegura que sería “necesario que se expliciten de manera sucinta pero expresiva las razones por las que la doctrina que contiene la sentencia discutida pueda resultar gravemente dañosa para los intereses generales, vinculando el perjuicio a tales intereses con la realidad a la que la sentencia aplica su doctrina sin que baste al respecto la mera afirmación apodíctica de que el criterio de la sentencia los lesiona”, que es lo que ha hecho la Diputación Provincial.
Por esto, en su resolución el Tribunal Supremo no admite a trámite el recurso de casación presentado por la Diputación malagueña, además de imponerle las costas procesales, a pagar de dinero público. Ante esta resolución “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.5 LJCA, no cabe recurso alguno”.
EL OBSERVADOR comunicará en los próximos días esta resolución a la Diputación Provincial de Málaga con el convencimiento de que a partir de ahora se verán obligados a cumplir la sentencia del TSJA, que les condena a indemnizar a esta revista por discriminación publicitaria. Esperamos además que en el futuro los políticos realicen el reparto de publicidad institucional de manera equitativa, independientemente de la línea editorial de cada medio de comunicación.
En cualquier caso, tras esperar un tiempo prudencial para que el Tribunal Supremo envíe la resolución al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y que éste la traslade al juzgado donde se presentó la primera denuncia, EL OBSERVADOR solicitará al juzgado la ejecución en firme de la sentencia y el pago de la indemnización que el ente tendrá que hacer con dinero públco.
Sentencias históricas
Recordamos que en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a favor de EL OBSERVADOR, y que condenan al Ayuntamiento y a la Diputación de Málaga (AQUÍ), se pone de manifiesto que ambas instituciones hacen un “uso abusivo de la contratación menor para adjudicar la publicidad institucional”, repartiendo el dinero entre los medios de comunicación que ellos estiman e ignorando a aquellos que son críticos con su gestión. Para el tribunal es «la línea editorial de opinión de la revista EL OBSERVADOR la que ha llevado a su discriminación».
Los máximos responsables de la discriminación publicitaria sufrida por EL OBSERVADOR son, por parte del Ayuntamiento de Málaga, por un lado el alcalde Francisco de la Torre y su director general de Comunicación, Jesús Espino. Por parte de la Diputación la discriminación comienza cuando era presidente Elías Bendodo (número 3 del PP a nivel nacional en la actualidad), y Marta Olea era directora de Comunicación de la Diputación (actualmente es directora general de Comunicación de la Junta), y continúa actualmente con Francisco Salado como presidente y Javier Gómez Rueda como director general de Comunicación.
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