La ONG ha señalado que la Junta no afronta el problema del desequilibrio entre la excesiva demanda de agua por parte de la agricultura industrial de regadío, la disponibilidad de agua que tiene Andalucía en la actualidad y la que proyectan los escenarios de cambio climático para la región
Denuncia que las medidas presentadas por la Junta siguen apostando por la inversión de infraestructuras hidráulicas con el fin de incrementar aún más la superficie regada
La organización reclama una transición hídrica justa que prime el uso del agua para proyectos que se dedican a la agricultura social que vertebran el mundo rural andaluz, que garantice caudales ecológicos para el buen estado de los ecosistemas y reduzca la actual demanda de agua que viene ejerciendo la agricultura industrial de regadío
Lunes, 16 de enero de 2023. Activistas de Greenpeace han intervenido unas marquesinas publicitarias de la ciudad de Málaga y han modificado carteles de una campaña de la Junta de Andalucía con refranes populares que contenían la palabra agua y que animaban al ahorro. Para ello, han modificado el sentido de los carteles con mensajes denuncia tales como “cuando el río suena, la agricultura intensiva se lo lleva”, o “agua robada no mueve molino” entre otros. Si bien es cierto que el ahorro de agua es una tarea extensible a toda la ciudadanía en general, con esta acción, la organización ecologista denuncia que las actuaciones puestas en marcha por la Junta son totalmente incoherentes y no van a servir para solventar las necesidades urgentes de la sequía.
Andalucía es la región con más superficie regada del estado y su sector agroindustrial consume más del 80% del agua embalsada. También está ejerciendo una enorme y descontrolada presión en los acuíferos de agua subterránea, muchos de los cuales están en mal estado cuantitativo y cualitativo, tal y como Greenpeace constató y reflejó en el informe SOS Acuíferos, presentado en septiembre de 2022. Se suma a esto que la región acarrea varios años con precipitaciones escasas y desiguales entre provincias y que el último año hidrológico ha sido el tercero más seco desde que se tienen registros. Sin embargo, la comunidad científica y organizaciones ecologistas llevan tiempo advirtiendo que el problema de fondo de la región es la escasez de agua provocada por el exceso de demanda que ejerce la agricultura industrial de regadío, tanto en las aguas superficiales, como subterráneas. “Andalucía tiene que repensar cuánto, cómo y para qué riega, puesto que los escenarios de cambio climático, unidos a las sequías recurrentes propias del clima mediterráneo y al incremento de la demanda de agua por el cultivo de regadíos, ha llevado a esta comunidad a una situación crítica”, ha declarado Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.
Ante esto, los pasos dados por la Junta de Andalucía en la que han denominado será la “legislatura del agua” parecen estar pensados en seguir satisfaciendo la creciente demanda del sector agroindustrial, más que para garantizar el suministro para la población a largo plazo y la salud de los ecosistemas. Con dos decretos de sequía aprobados y con un tercero que se prevé saldrá en el primer trimestre, y con el plan S.O.S Sequía (Soluciones y Obras frente a la Sequía), o los recién aprobados presupuestos, la Junta no sólo no ataja el problema de raíz, sino que alienta a un incremento de superficie regada. Además, la Junta confunde a la ciudadanía prometiendo obras hidráulicas que tendrían un supuesto efecto inmediato para superar la sequía, pero estas necesitan entre 10 y 15 años para su puesta en servicio. Mientras tanto, ha eliminado el canon del agua, un impuesto que servía precisamente para recaudar dinero para el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas en el ciclo integral del agua. Ante esta situación, Greenpeace remitió, junto con otras organizaciones que forman parte de la Mesa Social del agua, un escrito en octubre de 2022, donde se proponían una serie de medidas a corto y largo plazo que la Junta debería adoptar para afrontar el problema y que la Junta ha ignorado por momento.
La organización ecologista reclama que es necesario iniciar un proceso de transición hídrica justa a escala estatal y regional que garantice un equilibrio entre las demandas y los consumos de agua. Para ello, señala que se debe asegurar el buen estado ecológico de los ríos, humedales, estuarios, aguas costeras y aguas subterráneas, algo fundamental para hacer efectivo el derecho humano al agua. Por otra parte, urge reducir la dimensión del regadío en Andalucía. El agua para la agricultura debe redistribuirse con criterios sociales, priorizando el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales frente a modelos de producción intensiva basada en cultivos altamente consumidores de agua y otros recursos. Igualmente, Greenpeace considera necesario que el sector se adapte a los efectos del cambio climático. Para ello es necesario un plan de adaptación hacia modelos de agricultura de baja huella hídrica y la evolución hacía sistemas de producción agroecológicos enfocados hacia canales cortos de distribución y consumo.
“O se hace una reducción programada y paulatina de superficie de regadío, contando con la gente, o será la sequía la que, lamentablemente, se lleve por delante los proyectos económicos de las familias más vulnerables del sector agrario y que son fundamentales para garantizar un mundo rural vivo. Andalucía necesita, de una vez por todas, apostar por la supervivencia de la agricultura familiar y social y frenar la alta demanda de agua de grandes empresas y fondos de inversión que están, literalmente, desecando Andalucía”, ha declarado Luis Berraquero.
FUENTE: Greenpeace España
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