Lunes, 15 de enero de 2024. Ausencia de control interno, plazos legales superados, falta de coordinación entre los órganos implicados, incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos… Un informe de la Cámara de Cuentas revela la mala gestión de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en el año 2021, cuando cogobernaban PP y Ciudadanos
Las principales conclusiones obtenidas en este informe ponen de manifiesto un alto grado de descontrol en la gestión de la valoración de las personas con discapacidad por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en el año 2021, ya bajo el mandato de Moreno Bonilla (PP) y Juan Marín (Ciudadanos) y con Rocío Ruiz al frente de este área. Para empezar, el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad no se encuentra actualizado con la normativa vigente.
Según el estudio de la Cámara de Cuentas, la gestión de los Centros de Valoración y Orientación (CVO) no se ajusta en su totalidad a la normativa aplicable, habiéndose detectado incidencias. Se destacan las siguientes: excepto en los CVO de Almería y Jaén, no existe la Unidad de integración laboral establecida en el artículo 11. Además, el archivo de expedientes se mantiene sin la salvaguarda correcta en los CVO de Sevilla, Málaga y Cádiz.
En determinados aspectos, durante el proceso de valoración no se actúa conforme al procedimiento establecido. Se destacan las siguientes: el acta de valoración no está firmada por el presidente del Equipo de Valoración y Orientación (EVO) en la totalidad de los expedientes analizados en los CVO de Málaga y Cádiz, así como en 11 expedientes del CVO de Sevilla (31 expedientes en total). Sin olvidar que todos los expedientes de valoración analizados se han resuelto en un plazo superior a los seis meses que establece la normativa.
Durante el análisis del sistema de control interno, se han detectado una serie de debilidades: no existen mecanismos de control interno que incluyan la función de revisar el trabajo realizado por la gestión, supervisando, entre otras, la correcta aplicación de la normativa y procedimientos aplicables, así como la custodia, control y empleo de los recursos públicos de la Administración; no existen procedimientos establecidos para que cada unidad administrativa comunique internamente información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos y el cumplimiento de la normativa aplicable; y no existe homogeneidad en la aplicación de los criterios de trabajo entre las distintas delegaciones territoriales, así como falta de coordinación entre todos los órganos implicados en la valoración de la discapacidad.
Con respecto a la normativa relativa al ENS y a la protección de datos, en determinados aspectos la consejería no actúa conforme a los procedimientos. Con respecto al ENS, de las 63 medidas de seguridad establecidas en el Anexo II del RD 3/2010, hay debilidades en un 3,17% del marco organizativo (dos medidas), un 25,40% del marco operacional (16 medidas) y un 20,63% de las medidas de protección.
Incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos
Con respecto al cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación no cumple con la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2018, que obliga a adoptar las medidas de protección del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para satisfacer lo indicado en el artículo 32 del RGPD. Y no se ha establecido un código de conducta, tal y como indica el artículo 40 del RGPD. Tampoco se ha elaborado una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales para aquellas operaciones que entrañen un riesgo alto, según establece el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679.
El informe de la Cámara de Cuentas denuncia que no se han establecido suficientes indicadores que midan la eficacia, eficiencia y economía de la gestión. Y en los definidos por la CAA se han detectado diferencias.
Fuera de los plazos establecidos
Las valoraciones realizadas no se resuelven en el plazo establecido. Los procedimientos de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad resueltos por encima del plazo legal de seis meses representan, por término medio, el 77% del total de expedientes tramitados en el periodo 2018-2021. Con respecto al plazo de resolución del procedimiento de tarjeta de aparcamiento, el 28,25% de expedientes tramitados en el periodo 2018-2021 han sido resueltos por encima del plazo legal de tres meses.
Tampoco se cuenta con el número de EVO que establece la normativa, en ninguno de los CVO.
Asimismo, los tiempos medios que se invierten en la realización de las valoraciones son cada vez más elevados y superan los plazos legales establecidos. Con respecto al tiempo medio de grabación de las solicitudes, cada año va aumentando, ascendiendo en el procedimiento 761 a un periodo de casi cuatro meses, lo que aumenta el retraso de todo el procedimiento de valoración.
El número de días que transcurre desde que se solicita la valoración de la discapacidad hasta que se otorga la primera cita, en el año 2021 en el procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad, asciende a 430 días, y en el de revisión de grado de discapacidad a instancia de parte se llega hasta los 486 días.
El tiempo medio que transcurre desde que el interesado solicita la certificación del grado hasta que, efectivamente, se realiza la valoración en el procedimiento del grado de discapacidad, asciende a 382 días, llegando a ser de 390 días en la revisión del grado a instancia de parte (767).
Más de un año de espera
El tiempo medio que transcurre desde que se solicita la certificación del grado, o bien la revisión del mismo hasta que se resuelve, supera el plazo legal de 180 días. Para los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad y
de revisión del grado a instancia de parte asciende a 417 y 431 días respectivamente.
Se han detectado diferencias en los indicadores de eficacia y eficiencia incluidos, no detectadas por los órganos gestores, entre los datos que se indican en la memoria de cumplimiento de objetivos, los incluidos en las memorias anuales que elabora la DGDPI y los obtenidos a través del Sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS).
Los gastos que se han destinado a valorar la discapacidad en el año 2021 ascienden a 19.077,37 m€. En el ejercicio 2020 los gastos crecieron un 7%, con respecto a los dos años anteriores y, en el año 2021, han vuelto a descender un 2% con respecto al ejercicio 2020. La principal partida de gastos destinados a la valoración de la discapacidad y que supone el 89% son los gastos del personal implicado en la valoración.
Finalmente, no se realiza seguimiento sobre las incidencias detectadas en los informes de inspección y de accesibilidad ni se toman medidas para subsanarlas.
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