Domingo, 18 de junio de 2023. “Los cínicos no sirven para este oficio”, decía Ryszard Kapuciski pensando en los jóvenes aspirantes a periodistas. Al leer esta frase también podemos pensar en los editores de las empresas de medios de comunicación. Sin su firme compromiso con el periodismo es difícil que la redacción pueda comunicar información veraz a la ciudadanía.
Podemos decir sin exagerar que nunca antes en la historia de la democracia liberal el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz se ha encontrado más amenazado.
Esta trágica situación se debe a dos motivos. Por un lado, la digitalización está intensificando el problema de la llamada “captura informativa”. Esto es debido fundamentalmente al agotamiento del modelo de negocio publicitario de los medios de comunicación tradicionales en internet. La creciente vulnerabilidad de los editores frente a intereses políticos y empresariales menoscaba la independencia editorial de los medios.
Además, los mercados de medios del mundo entero se enfrentan al tsunami de la desinformación. Este fenómeno ha adquirido dimensiones sistémicas desde 2016, haciendo tambalear los mismos fundamentos de la democracia liberal: una opinión pública crítica y unas elecciones justas y libres. Con la digitalización, nuestra democracia entra en una nueva fase “postmedia” donde la posverdad campa a sus anchas.
El resurgir de la veracidad
Al mismo tiempo, el actual contexto digital presenta una oportunidad histórica de regeneración del proceso periodístico y de su principal resultado: la veracidad informativa. ¿Cómo diferenciar la información veraz del resto de información? En España tenemos un atisbo de respuesta.
La singularidad de nuestra Constitución, que añade el adjetivo “veraz” a información (algo que no hacen otras constituciones) ha obligado al Tribunal Constitucional a desarrollar una doctrina en torno a la veracidad. El Alto Tribunal define veracidad como la debida diligencia de los profesionales de la información, junto al deber de independencia de los editores. El problema en la práctica de esta definición es la ausencia de cánones que determinen la debida diligencia y el deber de independencia.
Ante este problema, están emergiendo un número de iniciativas de autorregulación que proponen a los medios de información una determinada gobernanza. Estas iniciativas tienen diferentes estrategias y se dirigen a diferentes colectivos (lectores, accionistas, anunciantes, etcétera). Todas ellas comparten un número de indicadores comunes que permiten delimitar una esfera de medios veraces dentro del maremágnum de la desinformación. La motivación última está en garantizar que el proceso periodístico resulte en información veraz para la ciudadanía.
A qué nos estamos refiriendo
¿Qué es exactamente una buena gobernanza de los medios?
Nosotros la definimos como el conjunto de políticas y procedimientos que guían a los diversos órganos de decisión de un medio de comunicación (consejo de administración, comité de dirección y redacción) para salvaguardar la independencia y credibilidad editorial.
Es necesario, en primer lugar, establecer una determinada estructura de propiedad que proteja el propósito fundacional del medio en el largo plazo frente a eventuales presiones políticas, empresariales o financieras cortoplacistas.
En el mundo anglosajón es frecuente recurrir a la constitución de un trust. Esta innovación legal permite a unos trustees gobernar el medio ejerciendo un conjunto de derechos políticos que protegen la misión editorial del fundador. El Tinius Trust del grupo de medios de comunicación Schibsted, el Scott Trust de The Guardian y el Ochs-Sulzberger Trust de The New York Times son algunos ejemplos.
Adicionalmente, se necesita que el máximo órgano de decisión del medio, habitualmente el consejo de administración, esté integrado por consejeros que, por su condición, puedan proteger la misión editorial en el largo plazo.
Por ejemplo, que exista un número de consejeros independientes con trayectorias destacadas en el sector de los medios. O que ocupen un puesto en el consejo el director y otros periodistas de la redacción (algo que ocurre en el caso de The Guardian y The Economist). Para lograr esto se deberían establecer criterios de selección de los consejeros, orientados a proteger la independencia editorial del medio.
Además, para que el consejo pueda garantizar la misión editorial es esencial que asuma la gestión de riesgos que puedan afectar a su independencia y credibilidad editorial.
Es igualmente importante que existan políticas y procedimientos dirigidos a los periodistas de la redacción para garantizar la calidad informativa. Las más habituales son las políticas de fuentes y verificación, las políticas de conflictos de intereses, las políticas de etiquetado de los contenidos editoriales y publicitarios, las políticas de corrección de errores y la figura de un defensor del lector.
¿Quién se asegura de ello?
Dos elementos adicionales garantizan que todo lo anterior no se quede en papel mojado.
Por un lado, es necesaria la transparencia en la web del medio. Ahí deben publicarse con claridad todas las políticas y procedimientos antes señalados. Es un elemento esencial de rendición de cuentas a los lectores, anunciantes, reguladores y accionistas.
Por otro, debe existir un departamento de estándares y ética que supervise que consejeros, gestores y periodistas cumplan con estas políticas. Es una unidad inexistente en España pero muy extendida en Estados Unidos.
The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Economist o The Wall Street Journal son los ejemplos más citados de este tipo de gobernanza. Estas cabeceras están disfrutando de un círculo virtuoso, a pesar de las amenazas que internet presenta al sector de medios en general. Un círculo virtuoso donde la protección de su independencia editorial alimenta la independencia económica y ésta, a su vez, su credibilidad, el principal activo de un medio de información.
La clave de una buena gobernanza de los medios es que exista una integración de gobiernos y lenguajes entre el consejo y la redacción. La película Los archivos del Pentágono de Steven Spielberg trata de reflejar esa integración. En la compleja relación entre Katherine Graham (Meryl Streep) y Ben Bradlee (Tom Hanks) se dan todos los elementos que determinan la veracidad y calidad del proceso periodístico. Las presiones políticas y financieras que tiene que soportar Graham, la editora, y las exigencias informativas que ha de garantizar Bradlee, el director.
La buena gobernanza de los medios está cobrando un protagonismo cada vez mayor en el contexto digital. La Comisión Europea publicó en septiembre de 2022 el European Media Freedom Act. Contiene una propuesta de regulación obligatoria de transparencia en la propiedad de los medios para los Estados y una recomendación en materia de gobernanza para los medios. Esta propuesta plantea medidas muy similares a las que hacemos aquí referencia.
En definitiva, la posible y necesaria conquista de la información veraz requiere de un viejo compromiso de los editores con una gobernanza. Ello supone sacrificar su “fortuna y ambición personal por el bien de una institución que es tanto su obligación como su gloria”. Son palabras de Susan E. Tifft y Alex S. Jones al final de su libro The Trust, sobre la familia propietaria de The New York Times.
De este heroico y virtuoso compromiso depende gran parte de nuestra democracia.
Una versión de este artículo fue publicada originalmente en la revista Telos de Fundación Telefónica.
Elena Herrero-Beaumont es cofundadora y directora de Ethosfera, un think tank que promueve la ética para combatir los riesgos a la democracia liberal en el entorno digital. Es profesora asociada en el IE y miembro del grupo de investigación Tecnología y Democracia de la UCM. Es abogada y periodista especializada en ética y buen gobierno, particularmente en el sector de los medios de comunicación. Su tesis doctoral sobre derecho de información propone un modelo de gobernanza de las empresas de comunicación como garantía del derecho a la información veraz. Es Consejera Independiente en Inbonis Rating. Forma parte del consejo de varias organizaciones cívicas, incluidas Transparencia Internacional, Fundación HAZ y la revista Ethic.
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