La Junta de Andalucía pide cinco años de cárcel a tres sindicalistas por una acción en Granada

El juicio se celebrará el próximo 1 de febrero.

María Gallego, abogada: «Se está calificando dos veces los mismos hechos, es contrario al principio non bis in idem y pone de manifiesto que la Junta de Andalucía pretende reprimir y disuadir a todo un movimiento”-

Miércoles, 17 de enero de 2024. El 4 de marzo de 2021 diversos sindicatos y colectivos se manifestaban en Granada por el caso del despido de Vanesa Sánchez. La trabajadora había estado 11 años en su puesto de trabajo como profesional de la limpieza en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía de Granada a través de diferentes empresas de subcontratación pública, un caso que tuvo su seguimiento en El Salto diario.

Con el traspaso en 2019 de los servicios de limpieza de la empresa Rydalca a la compañía Verdiblanca Vanesa no fue subrogada como el resto de sus compañeras, siendo la única que se quedó sin empleo. Sánchez era delegada sindical del SAT cuando los servicios de limpieza estaban a cargo de la empresa Rydalca. El despido incumplía con el art. 28 del Convenio Colectivo de limpieza y según el SAT “infringe con la ley del derecho a la Libertad Sindical respaldada por el Estatuto de Trabajadores/as”.

Ante la situación desde el sindicato y otras agrupaciones de apoyo habían comenzado una serie de acciones y protestas desde 2020 con el objetivo de la readmisión de la trabajadora. El 4 marzo tras una concentración frente a la delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, “Un grupo de personas accedió al edificio para solicitar una cita con el subdelegado de Turismo, tras breve tiempo en el interior, en el que se corearon consignas y se desplegó una pancarta, se registró la solicitud por escrito y se abandonó el edificio de forma voluntaria”, comenta María Gallego abogada del caso. “La policía no nos identificó cuando estábamos en el edificio, fue una acción simbólica y tranquila”, comenta Néstor Salvador uno de los imputados.

Tras los hechos la Junta de Andalucía denunció a las personas que entraron en el edificio. La denuncia ha recaído sobre la propia trabajadora afectada por el despido, Vanesa Sánchez, el sindicalista Néstor Salvador y María José Sánchez, de Unión Kellys Granada. El Ministerio Fiscal ha expuesto en su escrito de acusación que se trata de un delito de desórdenes públicos en su modalidad agravada según el art.557 del Código Penal. Esta institución solicita una pena de prisión de 1 año y tres meses.

La Junta de Andalucía por su parte pide 5 años y 3 meses de prisión por desórdenes públicos, allanamiento del domicilio de persona jurídica según el art. 203.3, coacciones según el art. 172.1 y un delito de amenazas según el art. 169,2 y 170.1 del Código Penal. Gallego cree que esta petición no solo “no solo es completamente desproporcionada, sino que carece de fundamento jurídico”. Además, en la acusación según la abogada “Se está calificando dos veces los mismos hechos, solicitando la imposición de una doble pena por los mismos hechos, lo que no solo es contrario al principio non bis in idem, sino que está fuera de toda lógica y pone de manifiesto que la Junta de Andalucía pretende reprimir y disuadir a todo un movimiento”.

La defensa además pone en duda mucha de los señalamientos de las instituciones judiciales en el caso: “No ha habido ninguna alteración de la paz pública, ni se hubo ningún tipo de amenaza ni coacción, sino que se ha actuado en todo momento amparado por el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de expresión y del derecho a manifestación”.

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