La Oficina Antifraude de Andalucía, ¿otro fraude para amparar la corrupción política?

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y el director de la OAAF, Ricardo Vicente Puyol Sánchez (junio de 2023)
por Luis Escribano

 

Lunes, 18 de marzo de 2024. Varios hechos acreditan las anómalas actuaciones de la OAAF, que han sido conocidos por la asociación Justicia por la Sanidad tras haber presentado cuatro denuncias sobre casos de corrupción en el Servicio Andaluz de Salud.

Varios denunciantes de corrupción se han puesto en contacto con la asociación Justicia por la Sanidad al verse sorprendidos por las anómalas actuaciones de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), similares a las que está padeciendo la propia asociación.

Por ejemplo, a todos desconcierta que, una vez presentada la denuncia a la OAAF, no se comunique nada al denunciante por escrito (siempre que no sea anónima la denuncia, obviamente). En algunos casos, han transcurrido meses sin noticia alguna. Este silencio causa un desagradable desconcierto y desasosiego a los denunciantes, al desconocer si la OAAF está paralizando sus investigaciones o si está actuando.

Y esto se agrava si el denunciante está siendo acosado o, en su caso, ha sido acosado laboralmente con anterioridad a la presentación de la denuncia. En este caso, la OAAF manifiesta que no puede actuar porque la ley no ampara esos acosos anteriores, aunque constituyan una ilegalidad, sino que sólo puede actuar si es acosado a raíz de presentar la denuncia.

¿Tanto trabajo cuesta remitir un escrito a los denunciantes anunciando las actuaciones a seguir y sus plazos, ya sea abrir un periodo de actuaciones previas, iniciar el procedimiento de investigación e inspección, la inadmisión a trámite de la denuncia o el archivo de la denuncia? En este enlace figura el esquema de la tramitación que ha publicado la OAAF en su página web: esquema tramitación.

La citada asociación solicitó expresamente en sus denuncias que se le comunicara el inicio de las actuaciones previas o de la investigación, sin que haya recibido respuesta, salvo en la última denuncia.

La citada asociación ha presentado en la OAAF, de momento, cuatro denuncias desde el pasado mes de noviembre, todas relacionadas con casos de corrupción en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en las que se han acreditado los hechos con numerosa documentación:

1ª) Denuncia presentada el pasado 15-11-2023, con relación a varios conciertos sanitarios suscritos con las entidades privadas Clínica Santa Isabel, S.A. (ASISA)Hospital San Juan de Dios de Sevilla, y Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja Española. Con esta denuncia se acredita cómo cargos directivos del SAS y altos cargos de la Junta de Andalucía han estado favoreciendo a estas entidades con sus graves actuaciones. Este diario adelantó en exclusiva parte de los hechos sobre dicha denuncia: “La asociación Justicia por la Sanidad descubre más corrupción del SAS en conciertos con hospitales de ASISA, Cruz Roja y Orden de San Juan de Dios”.

2ª) Denuncia presentada el pasado 20-11-2023, relativa a la adscripción “a dedo” en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud a personal estatutario, tanto sanitario como no sanitario (administrativo y otros), y a un posible fraude en las nóminas del personal del SAS ante la ausencia de sistemas de control de los horarios que puedan acreditar la realización efectiva de las jornadas ordinarias y extraordinarias (picajes u otros). Igualmente, este diario publicó en exclusiva la presentación de dicha denuncia, que implicaba al gobierno andaluz: “La asociación Justicia por la Sanidad ha presentado otra denuncia a la OAAF que implica al Consejo de Gobierno andaluz”.

3ª) Denuncia presentada el pasado 12-12-2023, poniendo de manifiesto una clara desviación de poder en la que ha incurrido el SAS en el procedimiento de provisión de un puesto de trabajo de libre designación, ampliada a un segundo puesto por hechos posteriores. Se trata de dos subdirecciones del SAS, con candidatos predeterminados.

4ª) Denuncia presentada el pasado 29-12-2023, relativa a:

    • vulneración de los límites formales y materiales de la potestad reglamentaria por altos cargos del SAS;
    • la creación de puestos de trabajo “ficticios” que no se reflejan en las Relaciones de Puestos de Trabajo del SAS, en los que se nombran “a dedo” a personas en dichos puestos sin seguir el debido procedimiento sometido a los principios legales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad;
    • el pago indebido de indemnizaciones a uno de los funcionarios que ocupaba uno de esos puestos “ficticios” que crea el SAS.

La citada asociación se ha visto sorprendida por no haber recibido de la OAAF ninguna comunicación escrita sobre dichas denunciassalvo en el caso de la última denuncia: el pasado 17 de enero, la asociación ha recibido el “Acuerdo del Director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción para el ejercicio de potestades de investigación”, por el cual admite a trámite dicha denuncia y da traslado a la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador, como unidad encargada de la instrucción del procedimiento de investigación e inspección.

No obstante, a la vista de los vicios en los que incurre dicho Acuerdo, la asociación presentó a los pocos días de recibirlo un escrito dirigido al Director de la Oficina, el magistrado Ricardo Vicente Puyol Sánchez, solicitando la subsanación de dicho Acuerdo, dado que su contenido no se ajusta a lo previsto en la Ley 2/2021, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, ni tampoco cumple lo previsto en el Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

Dicha solicitud no ha obtenido respuesta alguna. Es decir, la institución que fue creada supuestamente para luchar contra el fraude y la corrupción, también incumple el ordenamiento jurídico. ¿Se comprende mejor ahora el titular del artículo?

Además, el mismo día del mes de enero le dirigió otro escrito reclamando que se hayan iniciado actuaciones con la última denuncia sin haber recibido ninguna comunicación respecto a las tres primeras denuncias. Debe tenerse en cuenta que la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, obliga a guardar un orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que debe quedar constancia. Sin embargo, la citada asociación no ha recibido comunicación alguna sobre este hecho.

Según ha comentado un directivo de la OAAF, se ven desbordados por el número de denuncias, y carecen de personal suficiente para atenderlas debidamente. Sin embargo, dicha circunstancia no ha sido manifestada públicamente por su máximo responsable, ni los grupos parlamentarios se preocupan de dotar a la OAAF del personal suficiente para luchar contra la corrupción política. Ya se sabe que, en España, los vigilantes dependen de los vigilados en todos los sentidos, lo propio del putrefacto sistema partidocrático que rige la política en nuestro país, sustentado por una mayoría de españoles que sigue votando en cada convocatoria de ratificaciones de listas elaboradas por dichos partidos.

No obstante, el director de la OAAF comparece este miércoles en el Parlamento para presentar la memoria de 2022 y 2023. ¿Planteará ese supuesto grave problema de la falta de personal como una urgencia, o simplemente lo dejará caer con delicadeza para que no se molesten o se rían de él sus señorías?

Una vez más, las acciones y omisiones de las instituciones públicas revelan el daño que genera el corrupto sistema partidocrático instituido en España en 1978. Gracias al mismo, los gobernantes pueden abusar del poder sobre los gobernados sin consecuencia alguna para aquellos. Y ante esto, no cabe indignarse, porque es el efecto lógico del corrupto sistema del que se benefician los partidos y grupos sociales en simbiosis.

Lo único que podrían y deberían hacer los españoles para evitarlo es derrocar pacíficamente el régimen partitocrático mediante la deslegitimación del gobierno y la desobediencia civil, pero siempre que tenga muy claro el objetivo: conquistar la libertad política mediante un periodo de libertad constituyente, para que el pueblo o nación pueda elegir como forma de gobierno una democracia, así como la forma de estado que más le beneficie.

@13mescribano // Facebook de Luis Escribano

Sea el primero en desahogarse, comentando

Deje una respuesta

Tu dirección de correo no será publicada.


*


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.