La empresa Eulen, capitaneada en el norte del Estado por Micaela Núñez Feijóo, se llevó 1.311 contratos adjudicados sin concurso por un valor total de 4.832.029,85 euros repartidos entre todas las administraciones dependientes del Gobierno gallego.
Viernes, 22 de marzo de 2024. La empresa de seguridad, limpieza y servicios sociosanitarios Eulen, capitaneada en el noroeste del Estado español por Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder del Partido Popular, se llevó 1.311 contratos adjudicados a dedo y sin concurso público por un valor total de 4.832.029,85 euros solamente entre 2018 y 2023. Lo consiguió repartiendo cientos de contratos entre todos los organismos dependientes del Gobierno gallego, que han contratado de forma recurrente con familiares de altos cargos del partido, como consellerías, agencias públicas, consorcios, organismos autónomos, fundaciones del sector público, sociedades mercantiles públicas y otros entes como institutos sectoriales o centros de innovación. Todos ellos, eligieron contratar con Eulen, Eulen Centro Especial de Empleo, Eulen Seguridad y Eulen Servicios Sociosanitarios, empresas pertenecientes al mismo grupo.
Esta información la desvela en exclusiva El Salto gracias al análisis exhaustivo de más de millón y medio de contratos emitidos sin anuncio previo ni concurso público por las decenas de organismos públicos dependientes de la Xunta de Galicia, a pesar de la escasa accesibilidad que ofrece el Portal de Transparencia del Gobierno gallego en este tipo de contratos menores. Además de estas contrataciones, la empresa de la que Micaela Núñez Feijóo es alta directiva se llevó en las mismas fechas otros 15,1 millones en licitaciones mayores, esta vez sí abiertas, como desveló el diario Público en 2022. Además, calcula cómo la empresa multiplicó por más de tres sus contrataciones públicas desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la Xunta en 2009 en comparación con el Gobierno de coalición entre el PSdeG-PSOE y el BNG en la legislatura 2005-2009. En este caso, los datos son de libre acceso tanto en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia como en el Diario Oficial de Galicia.
Hace apenas una semana, esta redacción revelaba otro caso de cómo un familiar de un alto cargo del Partido Popular gallego se lucraba multiplicando su facturación gracias a los contratos con organismos dependientes en última instancia del Gobierno gallego. Es el caso de Francisco Antonio Otero Illodo, el marido de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, que, desde que entró a formar parte de la empresa Allwork Vestuario Laboral un día antes de decretarse el estado de alarma, esta sociedad pasó de facturar un contrato de apenas 182 euros a lucrarse durante los tres años que duró la pandemia con 38 contratos menores con la Xunta, es decir, realizados a dedo, por un valor total de 145.975,72 euros y dedicados, principalmente, a la compra de equipos de protección individual (EPI).
La Xunta solicitó decenas de contratos con conceptos ambiguos
Además de la opacidad y el entorpecimiento al acceso de los contratos públicos —reduciendo al mínimo exponente las posibilidades en los procesos de búsqueda— el objeto con el que la Xunta hace públicos estos contratos, en decenas de ocasiones, son sencillamente indescifrables. Hasta en 85 ocasiones, esos contratos llevan como título “Edificios y otras construcciones”. O en otras 170 ocasiones, la administración correspondiente decide simplemente colocar el nombre de la escuela donde Eulen realiza algún tipo de servicio sin que se detalle cuál. Pero la cosa sigue. A la Consellería de Sanidade, al Sergas, Eulen le factura hasta en 39 ocasiones por “material no sanitario” que evitan detallar.
Se podría deducir sin mucho margen de riesgo a la equivocación que muchos de estos contratos, especialmente los adjudicados a la rama de seguridad del grupo, se dedican precisamente a eso, a llevar a cabo las labores de vigilancia de muchos de los centros de titularidad pública donde los organismos dependientes de la Xunta realizan algún tipo de actividad. Sin embargo, si esa manera de operar se lleva a cabo así, ¿por qué las consellerías que gestionan cientos de inmuebles como Educación o Sanidade no licitan la seguridad de todos sus centros en un único paquete y lo sacan a concurso público para conseguir una mejor oferta y permitir democratizar su acceso?
Fuentes especializadas en contratación pública explican a esta redacción varias claves para entender la libertad de acción que permite a cualquier administración el uso de este tipo de contratos. Por una parte, conviene tener en cuenta que las licitaciones menores son aquellas tienen un valor inferior a 40.000 euros cuando son contratos de obras y de 15.000 euros cuando se trata de contratos de suministro o de servicios. De hecho, casualidad o no, la Consellería de Sanidade facturó a Eulen, mes a mes desde el cuatro de mayo de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022, 14 veces por la misma cantidad 10.834,55 euros y por el mismo servicio nombrado solamente como “seguridad”. Lo que suma un total 151.683,70 euros que, si lo licitasen de manera conjunta, obligaría a sacarlo a concurso y que otras empresas pudieran competir en igualdad de condiciones por acceder a ofrecer ese servicio. Esa dinámica se repite una y otra vez en los 1.311 contratos adjudicados a dedo que El Salto ha publicado de forma libre y accesible al comienzo de esta información.
En esa misma línea, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públicos es clara: “No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”. El propio Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ha publicado un artículo de investigación al respecto firmado por Cristina Clementina Arenas Alegría, profesora encargada en la Universidad de Deusto, que es casi una suerte de guía ciudadana de corte jurídico para tratar de entender los supuestos en los que una administración podría cometer fraude realizando un fraccionamiento de los contratos de forma interesada y artificial. La Junta Estatal del INAP afirma que existe fraccionamiento del objeto del contrato “siempre que se divida este con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación correspondiente, y ello, aunque se trate de varios objetos independientes, si entre ellos existe la necesaria unidad funcional u operativa”. Ahora bien, esta interpretación resulta muy compleja en la práctica y exige, de facto, una valoración en cada caso.
“En la base del concepto de contrato menor en fraude se sustenta la idea de que, al permitir una adjudicación directa, lo que se pretende es beneficiar a un determinado y concreto sujeto”, explica la profesora de la Universidad de Deusto en su artículo publicado en el INAP. Y remata al respecto: “Otro criterio utilizado como indicativo de un fraccionamiento fraudulento es la existencia de contratos periódicos o sucesivos. La existencia de diversos contratos menores con un mismo objeto realizados simultáneamente es, a todas luces, indiciaria de un fraude. Si bien resulta menos sospechosa, la existencia de diversos contratos menores tramitados consecutivamente que tienen por objeto prestaciones que forman una unidad operativa, es también un indicio de fraude”.
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