Un médico de la mutua privada concluye con una simple radiografía y sin mediación de intérprete, que no ha habido accidente laboral ni existe enfermedad profesional.
Intervención de la Policía Nacional tras denunciar la propietaria de Frutas Airam un falso caso de retención ilegal de «su trabajadora» por parte de la presidenta de AMIA.
El médico de Fremap interrogó a la trabajadora, a instancias de la empresaria, sobre el episodio sufrido en la consulta del Centro de Salud de Moguer en el que acabó irrumpiendo la Guardia Civil.
La asociación AMIA facilita alimentos y artículos de primera necesidad a la temporera marroquí, ya que esta no ha percibido ningún salario ni prestación desde su llegada a España en los denominados contingentes de mujeres marroquíes de «contrato en origen».
Miércoles, 21 de febrero de 2024. Aicha sostiene que le sigue doliendo la rodilla desde que se hizo daño en la finca de Frutas Airam hace 18 días. Pero este miércoles se incorporará al trabajo. Según ha contado ella misma en un audio dirigido a la presidenta de la Asociación de Mujeres Migrantes de Huelva (AMIA), al que ha accedido La Mar de Onuba, Borja Ferrera, director del Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad de Interfresa (PRELSI) del lobby patronal Interfresa, le advirtió este martes de que, tras un -a todas luces- cuestionable informe médico emitido el día anterior por una mutua privada a instancias de la propietaria de la finca, si no lo hace podrá ser despedida y devuelta a Marruecos.
El «informe médico» al que se refiere la trabajadora, mujer marroquí de 43 años, fue elaborado por el médico Samuel VP en una insólita consulta en la que, como el propio colegiado hizo constar el parte, actuó como intérprete Lavinia, la propietaria de la finca en la se lesionó, de origen rumano, ex temporera, como le gusta recordar, que desconoce por completo el idioma árabe.
Lavinia, como publicó el pasado sábado esta revista y queda acreditado en los audios dados a conocer en esta revista, negó durante más de diez días asistencia médica a la trabajadora, a la que llegó a realizar ella misma, por su cuenta y riesgo, una extravagante, violenta y denigrante “exploración médica” tras la que concluyó que “está mintiendo” y que “no tiene nada”. Con este «estudio», la empresaria se ratificó a sí misma en lo acertado de su decisión de no haberle facilitado asistencia médica los días anteriores. En el audio también se escucha a la empresaria inquirir a la trabajadora para que detalle con qué organizaciones ha hablado en los días anteriores y el motivo, y una amenaza explícita de expulsarla a Marruecos “mañana” si no dice «la verdad».
A pesar del diagnóstico de la intérprete y traumatóloga sin títulos, la presión ejercida por AMIA, el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha (Sindical Obrera Andaluza) y la secretaria general de CCOO de Huelva, Julia Perea, ante la patronal Asaja (a la que pertenece Frutas Airam), logró que Lavinia aceptara que la trabajadora fuera atendida en el servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.
Allí, al contrario que la propietaria de Frutas Airam, el médico que la atendió sí supo detectar la dolencia (gonalgia izquierda, dice el informe) por la que Aicha llevaba más de diez días reclamando en vano asistencia y sufriendo dolor. Para la misma se prescribió tratamiento con Paracetamol y Metamizol (medicamento utilizado para el tratamiento del dolor agudo moderado o intenso posoperatorio o postraumático) durante 13 y 6 días, respectivamente , así como reposo y estudios radiológicos «de imagen» para descartar lesiones en las partes blandas de la rodilla (que no se observan con una simple placa de rayos X). Al no tratarse de un caso grave, dichos estudios corresponde solicitarlos al centro médico de referencia de la paciente, en este caso el Centro de Salud de Moguer, donde no consta hasta la fecha que se hayan pedido, según la documentación a la que ha tenido acceso esta revista.
Mutua privada Fremap
Al contrario, el único estudio que se ha realizado ha sido, precisamente rayos X, la prueba que fuentes hospitalarias consultada por La Mar de Onuba descartan para conocer realmente la causa del incapacitante dolor que Aicha asegura que sigue sintiendo. Varias «placas» que se hicieron, como consta en el informe al que también ha accedido esta revista, en instalaciones de la mutua privada Fremap en Huelva capital.
Allí, el médico Samuel VP impidió la entrada a la consulta a la presidenta de Amia, quien había acudido a solicitud de Aicha para ejercer labores de traducción. Sí aceptó, empero, y así lo hizo constar él mismo en su informe posterior, que el necesario papel de intérprete lo ejerciera la propietaria de Frutas Airam Lavinia, que, como ya se ha dicho, desconoce el idioma de la trabajadora.
En el informe, el médico descarta que la dolencia de Aicha pueda considerarse AT (accidente en el trabajo) ni EP (enfermedad profesional), en base a la «ausencia de causalidad así como de proporcionalidad, corresponde a un gesto habitual en su trabajo, similar a otros gestos realizados en la vida diaria«. O dicho de otra forma, el médico abre la puerta a que Aicha sí sufra dolor, pero duda de la veracidad de la trabajadora cuando sostiene que su lesión se produjo durante sus labores como recolectora de fresas. Hay que tener en cuenta que el informe de la mutua Fremap puede llegar a ser determinante en caso de posibles reclamaciones por salarios impagados o, si se produjera, por despido improcedente.
Preguntas fuera de lugar y nueva intervención policial
Según el testimonio de la propia Aicha a esta revista, el médico de la mutua Fremap no le hizo ninguna pregunta sobre su dolencia y sólo mostró interés en que respondiera a la empresaria había llegado a hacer grabaciones en el consultorio de Moguer.
Como contaba La Mar de Onuba el pasado sábado, la sospecha de que aquello podría haber estado ocurriendo el viernes 16 en Moguer, hizo que la médica del Servicio Andaluz de Salud MASZ pidiera la intervención de la Guardia Civil, que llegó a irrumpir en la consulta y requisar, sin orden judicial, el teléfono móvil de Aicha, del que tomaron «notas» de sus contactos, mensajes y llamadas recientes. Cabe recordar sobre esta preocupante acción de la Benemérita, que la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo reconoce el derecho de la ciudadanía a grabar sus propias conversaciones, incluso sin el conocimiento de las otras personas que intervengan en ella. La Mar de Onuba ha solicitado, sin éxito, a la Delegación en Huelva de la Consejería de Salud información sobre la posible existencia de protocolos de actuación para con las temporeras marroquís que explique que la inexplicable llamada de la médica MASZ a los agentes de Guardia Civil, o si MASZ actuó siguiendo su propio criterio. Por su parte, desde el Instituto Armado se rechazó dar explicaciones, y recordaron que la Guardia Civil tiene «hoja de reclamaciones».
No es la única intervención policial que ha vivido la temporera marroquí de «contrato en origen». Este lunes, al finalizar la visita organizada por Lavinia a la mutua privada Fremap, Aicha manifestó a la propietaria de Frutas Aimar su deseo de regresar a los alojamientos de la empresa en el coche de AMIA, a lo que Lavinia consideró que podía negarse. Hasta el extremo de solicitar la presencia de la Policía Nacional. Según explicaron después los propios agentes a este redactor, presente durante la escena, Lavinia había denunciado un falso intento de «retención ilegal» de su trabajadora por parte de la presidenta de AMIA. Tras escuchar de esta y de la propia Aicha que tal cosa no era cierta, los agentes levantaron acta e informaron a Lavinia de los derechos deambulatorios que asisten a la trabajadora. Finalmente, Aicha regresó a los alojamientos de Frutas Airam en el vehículo de AMIA. Con ella viajaron también varias bolsas de alimentos y artículos de primera necesidad. Desde que llegó a España hace casi un mes con los primeros «contingentes» de mujeres marroquíes contratadas «en origen», Aicha no ha percibido salario alguno ni prestación por incapacidad.
Aicha sostiene que le sigue doliendo la rodilla, pero este miércoles se incorporará al trabajo como recolectora de fresas, porque Borja Ferrara, director del PRELSI del lobby patronal Interfresa, le advirtió ayer de que, tras el informe médico de la mutua Fremap, podrá ser despedida y devuelta a Marruecos de forma inmediata si no lo hace. Curiosamente, sólo unos días antes Ferrera había anunciado a la temporera su próximo traslado a una empresa de arándanos, el cobro de los días no trabajados y asistencia médica.
Aicha, cuenta la presidenta de AMIA, está «temblada».
En noviembre de 2020, el sindicato CCOO puso en tela de juicio el conocido como Plan de responsabilidad ética, laboral, social y de igualdad (PRELSI), una medida que el sindicato tildó entonces de «falsa», y que "se salta" el Convenio Colectivo del campo.
CCOO sostenía entonces que el PRELSI «no es un protocolo de responsabilidad social, no cumple ningún requisito para ser considerado como tal y tampoco para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo», aspecto que «no se nombra directamente, sino que se califica como ‘conductas ilegales’, lo que generaliza a todo tipo de delitos, llegando a la discriminación en la mejora del empleo de las personas con antecedentes penales».
Asimismo, el sindicato indicó que el citado plan es un documento interno de «aplicación exclusiva» a las empresas asociadas a Interfresa, compañía que «no tiene representatividad como patronal aunque la Junta parece que intenta darle una legitimidad que no tiene». «El convenio colectivo del campo, que es mucho más exigente, más completo y afecta a todas la empresas agrarias, está por encima de cualquier plan interno», subrayaba CCOO en noviembre de 202. «El Plan de Interfresa, por lo tanto, no puede eximir a las empresas del cumplimiento de lo que se recoja en el convenio en relación a las condiciones laborales, a las medidas de igualdad y de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, como la negociación de planes de igualdad, creación de una comisión de igualdad sectorial, la aplicación del protocolo de acoso sexual o formación en igualdad», alegaba.
En esta línea, CCOO consideraba que en el plan hay cuestiones que «no se pueden aceptar» porque «invaden competencias y regulaciones establecidas en el convenio colectivo del campo». «Uno de los problemas de mayor calado es que deja fuera a la representación legal de los trabajadores y a los sindicatos mayoritarios de cualquier tipo de intervención que legalmente les corresponde».
Por otra parte, el sindicato censuró que se contemple la formación en prevención de conductas ilegales «sin nombrar el acoso, mezclándolo con la formación profesional y solo para mandos intermedios» así como la creación de la figura de consultor de integración, dependiente de Interfresa, «lo que ya la hace parcial, que pretende controlar a las personas trabajadoras y sustituir a la Comisión de Igualdad Sectorial recogida en el convenio colectivo». «El objetivo es evitar cualquier tipo de presencia sindical en todos los procedimientos establecidos para los casos de acoso sexual, o del control de las condiciones laborales», sostenía el sindicato. Además, el coste se pretende repercutir en el salario de las personas que vienen con contrato de origen. Así, CCOO mostró entonces su «perplejidad» ante las pretensiones del Gobierno andaluz y apuntaba la posibilidad de que esté intentando establecer en la campaña de la fresa un «modelo alegal de relaciones laborales, dejando al margen a sindicatos, organizaciones empresariales, a la inspección de trabajo, y sin negociación colectiva».
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