Lunes, 4 de marzo de 2024. La corrupción es uno de los fenómenos que más repulsión y condena recibe en las sociedades democráticas.
Porque más allá de la vulneración de la legalidad y el quebranto para las arcas públicas que conlleva, la corrupción socava los cimientos mismos de la democracia: la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones que ordenan el espacio público, que fijan las reglas de la convivencia, que cobran impuestos, que administran los recursos de todos, que albergan el uso legítimo de la fuerza…
Por eso es tan importante que las democracias se defiendan con eficacia de la corrupción y de los corruptos, con leyes exigentes, con aparatos policiales eficaces, con tribunales independientes, con medios de comunicación libres.
España no es un país corrupto. No lo es su sociedad. No lo es su administración pública. No lo son sus instituciones democráticas. Hay casos de corrupción, algunos graves, incluso muy graves. Pero nuestro Estado de Derecho funciona. Los casos se descubren, se investigan, se llevan a los tribunales y se imponen responsabilidades.
Los casos de corrupción relacionados con la respuesta de las administraciones a la pandemia de la COVID-19 merecen y reciben una especial condena ciudadana. Porque mientras la inmensa mayoría de la ciudadanía sufría enfermedad, dolor, incertidumbre, y mientras la inmensa mayoría de los profesionales públicos y privados se implicaban hasta el heroísmo en el combate al virus, resulta intolerable que unos pocos estuvieran ocupados en enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno.
En consecuencia, importa mucho la respuesta que se da a estos casos desde las instituciones representativas de la sociedad española. Y hay que diferenciar dos planos, el jurídico y el político.
En el plano jurídico poco hay que añadir. Confianza en policías, fiscales, jueces, tribunales, medios de comunicación, en su labor de denuncia, investigación, procesamiento, enjuiciamiento, sentencias, ejecución de sentencias…
En el plano político hay más debate. Mucho más.
En la actividad política participan muchas personas. La gran mayoría lo hace desde el legítimo compromiso personal con unos valores, con el interés en mejorar la vida de sus conciudadanos, de manera honesta. Pero la política, a veces, tiene que ver con el poder y, a veces, atrae a elementos indeseables que se corrompen y corrompen. Son pocos, la minoría, y hacen mucho daño.
Hay que prevenir su acceso a la política, pero cuando se cuelan en la política y llevan a cabo sus fechorías, lo importante es cómo se responde.
Y ahí, en la respuesta a la corrupción, lo siento, no somos iguales.
En el PSOE ha habido casos de corrupción. En el PP, la corrupción ha sido estructural y sistémica.
El PSOE reacciona ante cada caso colaborando sin reserva con la Justicia. El PP suele denunciar que los casos “son casos contra el PP”, han llegado a destruir pruebas “a martillazos”, incluso a montar estructuras de “policía patriótica” en el Ministerio del Interior para burlar a la Justicia.
El PSOE ofrece transparencia total en cada caso de corrupción, adelantándose a la oposición en el registro de comisiones parlamentarias de investigación. El PP niega las comisiones de investigación, cuando los afectados son de su partido.
El PSOE asume responsabilidades de manera inmediata, incluso cuando los directamente afectados no han sido señalados por la Justicia como investigados, procesados o condenados. El PP solo exige responsabilidades a los demás.
No. No somos iguales.
Rafael Simancas es Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales y diputado en el Congreso por Madrid
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