Miércoles, 24 de enero de 2024. El actual borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) incluye entre sus objetivos para la reducción de emisiones adoptada a nivel europeo alcanzar un 48 % de renovables sobre el uso final de la energía y un 81 % de energías renovables en la generación eléctrica para 2030.
Desde el punto de vista tecnológico y normativo, el avance de las renovables es indiscutible. Pero ¿qué hay de su aceptación social?
“Sí, pero aquí no”
La aceptabilidad social de las energías renovables, entendida como la aprobación activa o pasiva de una política de iniciativa renovable por parte del público , es uno de los principales factores para lograr dichos objetivos gubernamentales.
Durante los últimos años ha cobrado importancia el movimiento “Not In My Back Yard” (no en mi patio trasero), con su equivalente en español “Sí, pero aquí no”. A través de él, comunidades de personas reconocen la importancia de las iniciativas y políticas verdes, pero no desean la implantación de estas cerca de sus casas o en las proximidades de su localidad.
Mientras que la aceptación general de las energías renovables es alta, su baja aceptación local puede suponer un gran obstáculo para el desarrollo de proyectos.
Por eso, comprender las causas que originan rechazo o acogida entre la población es clave para hacer realidad la transición energética.
Cómo averiguar qué piensan las personas
Diferentes estudios han detectado entre los principales factores que provocan descontento la desconfianza en el promotor del proyecto, la falta de transparencia y participación de los ciudadanos, beneficios insuficientes para la comunidad, las consecuencias ambientales de su instalación y las ideas políticas.
Medir la aceptación social de las renovables no es fácil. En la mayoría de trabajos, la principal metodología de recogida de información utilizada para hacerlo es la encuesta. Sin embargo, preguntar a las personas lo que piensan sobre este tipo de tecnologías es en ocasiones muy complicado por el acceso al público objetivo, por falta de presupuesto o tiempo, etc.
Tradicionalmente, en los estudios económicos sobre energías renovables, son cuatro las variables utilizadas para referirse al concepto de aceptabilidad social:
- El apoyo social, que mide la comodidad de un individuo ante el aumento de presencia de energías renovables. Esto puede cuantificarse consultando directamente su opinión, o a través del concepto “willingness to pay” (disposición a pagar), donde se mide el incremento tolerable en la factura de suministro energético a cambio de una procedencia renovable y limpia.
- La pertenencia a grupos o asociaciones medioambientales o el apoyo a determinados partidos políticos o partidos “verdes” se puede utilizar para inferir la aceptabilidad social a las renovables.
- Por último, es posible crear una variable ficticia (variable que solo puede tomar los valores 0 ó 1) para recoger este aspecto cualitativo de la aceptabilidad. De esta forma, podemos crear un indicador de carácter objetivo de la opinión del ciudadano en relación con las renovables.
Parte de nuestro equipo de investigación Seminario de Economía Sostenible, de la Universidad de Castilla-La Mancha, está realizando un estudio en el que pretendemos, de una manera novedosa, medir la aceptabilidad social a través del raspado de datos o web scraping.
El objetivo es utilizar técnicas como la minería de opinión, que realiza una clasificación masiva de datos obtenidos de usuarios con la finalidad de catalogar los sentimientos encontrados teniendo en cuenta su connotación.
Estos datos masivos se suelen extraer de redes sociales y, posteriormente, son sometidos a un proceso de limpieza y tratamiento para evitar sesgos y obtener resultados confiables. Con esta metodología pretendemos cubrir las limitaciones de las encuestas, así como diseñar encuestas mejoradas.
Las renovables como motor de desarrollo
El informe Nuestro Futuro Común, elaborado para las Naciones Unidas en 1987, define el desarrollo sostenible como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones”.
Existen diferentes indicadores e índices que hacen referencia al término “desarrollo”, como el crecimiento económico, normalmente medido por el comportamiento del producto interior bruto (PIB). Sin embargo, el PIB no llega a medir el sentido de la verdadera riqueza: no se trata sólo y exclusivamente de la posesión, por ejemplo, de bienes materiales. Es un indicador muy extendido, pero que ha de ser complementado.
Los organismos especializados nos dicen que las energías renovables ya son un motor de desarrollo económico y social. Permiten reducir la vulnerabilidad energética e impulsan el desarrollo socioeconómico global y local. Suponen una oportunidad para crear una industria autóctona y generar empleo local, permiten reducir el impacto del cambio climático y transformar el modelo energético hacia un sistema más sostenible y con mayor equidad social.
Si nos centramos en el empleo, según el informe de revisión anual de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) sobre trabajo y energías renovables, el sector de las renovables emplea 13,7 millones de personas en el mundo. De ellas, 4,9 millones (el 40 % de esos trabajos lo acaparan las mujeres) corresponden a la energía solar fotovoltaica y 1,4 millones al sector de la eólica. España ocupó la novena posición en la clasificación de los países con mayor nivel de empleo en fotovoltaica en el año 2022 y el octavo en la eólica.
La entrada de las energías renovables en el sistema energético representa una disrupción: no sólo deja a un lado las energías más contaminantes, sino que cambia el paradigma del modelo energético, propiciando su democratización. Además, siempre que los proyectos estén bien planificados, impulsan las economías locales y contribuyen a fijar la población.
Consoli Quintana Rojo es Doctora en Economía y Empresa. Profesora e investigadora del área de Economía Aplicada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha; y Daniel Rojas Peña, Docente e investigador del Departamento de Economía Aplicada I de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha
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