La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha denunciado los recortes del Gobierno español en un 54% en su aportación a la financiación de los servicio sociales desde 2011. En concreto «en 2017 la aportación de la Junta de Andalucía ha sido de 39,4 millones de euros y la del Ejecutivo central de 7,8 millones de euros para la financiación de los servicios sociales«. Esto supone «el abandono de los servicios sociales y de los municipios», ha subrayado la consejera en Huelma (Jaén), donde ha inaugurado las nuevas instalaciones del Centro de Servicios Sociales Comunitarios.
Durante su intervención, Sánchez Rubio, ha destacado que en este recurso «se atienden y resuelven muchos de los problemas que hoy una familia puede encontrar. Problemas que han crecido en los últimos años». «Una realidad que ha olvidado el Gobierno central, entregado a la falsa bonanza de las cifras macroeconómicas, pero que no quiere detenerse en las cifras micro, que son las que cuantifican a las personas, y que es el elemento más preciado», ha añadido.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha resaltado que «la Junta de Andalucía se ha caracterizado por situar a las personas, a las familias, en el epicentro de su acción. Y no solo con palabras. Ocho de cada 10 euros del presupuesto andaluz está destinado a políticas sociales». «Compromiso que también se puede percibir en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado martes, 15 de mayo», ha recordado. Un Programa que cuenta con un objetivo muy concreto: establecer los mecanismos que permitan acceder a las personas residentes en zonas desfavorecidas a los distintos sistemas de protección social, especialmente a los de salud, vivienda, educación y empleo, así como a otros servicios públicos.
«Y para ello vamos a destinar 169,5 millones de euros hasta 2022 para mejorar la calidad de vida de más de 914.000 personas, mediante la intervención en 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de la comunidad autónoma», ha señalado Sánchez Rubio. La responsable de las políticas sociales también ha destacado la nueva Ley de Servicios Sociales o la puesta en marcha de la Renta Mínima de Inserción social como prestación garantizada. «En esta medida los servicios sociales cobran un gran protagonismo, como puerta de entrada al acceso a esta prestación, y también en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Inclusión sociolaboral de las familias perceptoras», ha subrayado.
La red de servicios sociales comunitarios atiende anualmente a un millón de personas usuarias en Andalucía, y en ella trabajan más de 30.000 profesionales.
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